La muerte del exgerente municipal José Miguel Castro ha puesto en evidencia la prolongada espera que enfrentó bajo la supervisión del fiscal José Domingo Pérez para ser reconocido como colaborador eficaz en el caso Lava Jato. Durante seis años, Castro intentó obtener la homologación de su acuerdo con el Ministerio Público sin éxito, a pesar de ser una figura central en las investigaciones contra la exalcaldesa Susana Villarán.

A lo largo de ese tiempo, el exfuncionario se presentó en reiteradas ocasiones ante la Fiscalía, buscando formalizar su condición de colaborador. Sin embargo, el fiscal Pérez —uno de los rostros más visibles del equipo Lava Jato— postergó indefinidamente la culminación del proceso sin brindar explicaciones concretas, dejándolo en calidad de imputado y sin protección legal o policial.

Castro falleció sin haber sido incluido en ningún programa de testigos y sin la cobertura legal que corresponde a un colaborador eficaz. Su deceso reabre el debate sobre el papel que jugó dentro del caso Villarán, en el que se esperaba que brindara información clave para sustentar las acusaciones de corrupción contra la exalcaldesa y otros involucrados en el esquema de aportes ilegales.

El fiscal Pérez defendió su actuación señalando que la fecha para concluir la colaboración estaba prevista para el 12 de julio, y responsabilizó a la defensa legal de Castro, así como a recientes reformas impulsadas por el Congreso, por las demoras. No obstante, las críticas se han intensificado al revelarse que este no sería un caso aislado.

Fernando Silva, abogado del expresidente de OAS Leo Pinheiro, también denunció que su patrocinado permanece más de siete años esperando la validación de su colaboración, en un proceso igualmente supervisado por Pérez. Las dilaciones sin justificación han generado cuestionamientos sobre el sistema de colaboración eficaz en el Perú, especialmente cuando los aspirantes quedan vulnerables frente a represalias sin ninguna garantía estatal.