El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció que la Procuraduría de su sector presentará una denuncia penal contra el expresidente Martín Vizcarra, la exviceministra Fiorella Molinelli y más de veinte funcionarios de su gestión, por la millonaria deuda que afronta el Estado tras el arbitraje internacional del aeropuerto de Chinchero.

Recordó que el CIADI ordenó al Perú pagar cerca de 100 millones de dólares al consorcio Kuntur Wasi, luego de que en 2017 se resolviera de manera unilateral el contrato de concesión.

Sandoval indicó que la Procuraduría Pública del MTC ya cuenta con un informe que compromete a todos los implicados y que la denuncia busca que “caiga todo el peso de la ley” sobre quienes habrían ocasionado este perjuicio. Precisó que el caso también será remitido a la Procuraduría Anticorrupción para ampliar las responsabilidades penales y asegurar que se determinen los daños ocasionados al Estado peruano.

El ministro fue enfático al señalar que el incumplimiento del pago ya generó que el tribunal de arbitraje, con sede en San Diego, declare al país en rebeldía, lo que agrava la situación. “Cien millones de dólares tenemos que pagarles a Kuntur Wasi sin haber puesto una piedra. Esto inició en 2017 con Vizcarra como ministro y Molinelli como viceministra, ellos y más de veinte funcionarios tendrán que responder ante los tribunales”, subrayó.

En ese contexto, Sandoval aseguró que hasta la fecha no se ha desembolsado ni un dólar por este concepto y que durante su gestión se priorizará la investigación antes que cualquier pago. “Cuando entré en mayo había voces que pedían pagar, pero yo dije primero voy a investigar, voy a denunciar y voy a dar a conocer al pueblo peruano quiénes han generado estos 100 millones que salen del bolsillo de todos los ciudadanos”, afirmó.

El titular del MTC agregó que el aeropuerto de Chinchero, pese a los años transcurridos desde la firma del contrato, no registra ni el 40% de avance general. Finalmente, sostuvo que aunque el Estado tendrá que asumir el pago para evitar sanciones mayores, ello no eximirá a los exfuncionarios de responder judicialmente. “Serán los jueces y fiscales quienes determinen las responsabilidades”, concluyó.