El cáncer se ha consolidado como la segunda causa de muerte en el Perú, con más de 70 mil diagnósticos cada año. Sin embargo, mientras miles de pacientes enfrentan largas esperas, falta de medicamentos y equipos inoperativos, el Ministerio de Salud devolvió 56 millones de soles del presupuesto asignado en 2025 para la lucha contra esta enfermedad. De los 126 millones que se aprobaron, solo se ejecutó un 11%, dejando a la deriva recursos que pudieron significar diagnósticos oportunos y tratamientos vitales.

Los fondos debían destinarse a la compra de resonadores, tomógrafos, mamógrafos y angiógrafos, herramientas esenciales para detectar el cáncer en etapas tempranas. En hospitales como el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), la precariedad es evidente: de tres resonadores, solo uno está operativo. La situación no es nueva. En 2024, el MINSA ya había devuelto cerca de la mitad del presupuesto asignado para el mismo fin, mostrando un patrón de ineficiencia que golpea directamente a los pacientes.

La Comisión de Prevención y Control del Cáncer del Congreso advirtió que esta devolución representa un riesgo grave en la lucha contra la enfermedad y elevó un oficio al presidente del Consejo de Ministros. Colectivos ciudadanos se sumaron a la denuncia, exigiendo incluso la destitución de la directora ejecutiva de la Dirección de Cáncer del MINSA por incapacidad de gestión. La indignación crece entre familiares y pacientes que consideran esta situación como un abandono estatal en uno de los frentes más críticos de la salud pública.

Pese a las críticas, el ministro de Salud, César Vásquez, desestimó las denuncias, calificándolas como “teorías difundidas en redes”. Afirmó que los equipos médicos podrían llegar recién en 2026, respuesta que para los pacientes resulta inaceptable, pues significa esperar cuando el tiempo es precisamente lo que no tienen. Sus declaraciones han generado más polémica, al ser interpretadas como un intento de minimizar la crisis mientras concentra esfuerzos en respaldar a la presidenta Dina Boluarte y a su partido, Alianza para el Progreso.

En contraste, el viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, aseguró que no hubo devolución de recursos y que los equipos están en proceso de adquisición para hospitales del Estado. Sin embargo, la contradicción entre las versiones oficiales refleja un problema mayor: la falta de transparencia y de gestión en un sector que, lejos de ser prioridad, parece atrapado entre la burocracia y las excusas, mientras el cáncer sigue avanzando.