El exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), José Baella, cuestionó duramente el papel de las ONG en el país, señalando que estas “solo defienden los derechos humanos de los terroristas” y no los de quienes combatieron al terrorismo. En entrevista con La Noticia Perú, expresó su respaldo a la idea de que el Perú se retire del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que acusa de injerencia en las decisiones soberanas del país.

Baella recordó que, pese a la aprobación de la Ley de Amnistía, continúan abiertos procesos contra policías y militares que participaron en la lucha contra el terrorismo, algunos de ellos con más de 70 años de edad. Para el exjefe de la Dircote, las ONG y organismos internacionales ejercen presión sobre el sistema judicial peruano y han logrado instaurar una “ideologización” en la formación de jueces y fiscales. Asimismo, afirmó que existe un trasfondo económico que alimenta estas acciones legales de largo plazo.

El general en retiro también criticó al sistema de justicia por su excesivo garantismo, al considerar que protege más a los delincuentes que a las víctimas. Señaló que fenómenos como el sicariato y la extorsión se han incrementado en el país, con más de 1,400 asesinatos registrados en el último año y más de 15,000 denuncias por extorsión. A su juicio, este escenario está vinculado a un Código Procesal Penal que favorece la impunidad y a la falta de coordinación entre instituciones como el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y los gobiernos locales.

En ese contexto, Baella calificó la propuesta de reforma del sistema judicial como urgente y necesaria, aunque reconoció que difícilmente se concretará en el actual gobierno por las tensiones políticas y la resistencia de ciertos sectores en el Congreso. Según dijo, un próximo gobierno debería asumir con firmeza esta tarea para garantizar procesos judiciales justos y un sistema que priorice la protección a las víctimas.

Finalmente, advirtió que, mientras no se ejecuten cambios estructurales, la inseguridad ciudadana seguirá en aumento. Subrayó que los altos niveles de criminalidad, sumados a la desconfianza en la justicia, exigen decisiones drásticas e inmediatas. “No puede ser que el sistema continúe girando en torno a proteger a los delincuentes. Los peruanos reclamamos un sistema de justicia nuevo”, concluyó.