El exdirector de Petroperú y exviceministro de Energía y Minas, Pedro Gamio, señaló que la crisis financiera que atraviesa la empresa estatal responde a años de injerencia política y a decisiones equivocadas tomadas durante el proceso de modernización de la refinería de Talara. Sus declaraciones fueron brindadas en el programa “Con el Pie Derecho”, conducido por Alfonso Baella Herrera y emitido por la señal de Bethel Radio 100.1 FM.

Gamio recordó que Petroperú fue creada en 1969 y que durante cerca del 80% de su historia registró utilidades, manteniendo una sólida cultura corporativa heredada de la antigua International Petroleum Company (IPC). Sin embargo, indicó que a partir de 2014 se impulsó la construcción de la nueva refinería de Talara sin considerar que la empresa ya no contaba con activos estratégicos como Solgas, empresas exportadoras, buques petroleros, la refinería La Pampilla ni importantes lotes petroleros en Talara y la selva.

El exfuncionario sostuvo que el sobreendeudamiento se agravó con la decisión de cerrar la antigua refinería antes de culminar la nueva infraestructura, lo que redujo la participación de mercado de Petroperú de 50% a 30%. Además, señaló que los retrasos y problemas en la inauguración afectaron seriamente el capital de trabajo de la empresa, al punto que en las últimas semanas se advirtió sobre posibles cierres de operaciones en Iquitos, Conchán y Talara.

Gamio advirtió que una eventual caída de Petroperú tendría consecuencias inmediatas para el país, especialmente en las zonas más alejadas donde el sector privado no puede abastecer rápidamente de combustibles. También alertó sobre el impacto financiero internacional, debido a que alrededor de US$3,000 millones de la deuda de la empresa corresponde a bonistas extranjeros, quienes podrían iniciar demandas contra el Estado peruano ante cortes internacionales si la petrolera estatal entra en insolvencia.

Frente a este escenario, el exdirector planteó que la salida pasa por una profunda reestructuración de la empresa y la incorporación de socios privados en áreas rentables, además de establecer mecanismos que limiten la interferencia política. Explicó que el reciente decreto de urgencia no implica un desembolso directo de la caja fiscal, sino una operación financiera respaldada por el Estado que podría alcanzar hasta US$2,000 millones, por lo que consideró indispensable acompañarla de reformas estructurales y nuevas filiales enfocadas en refinación, almacenamiento y producción petrolera.