Las exportaciones de oro ilegal en el Perú superaron los US$11,500 millones durante el 2025, según informó el Instituto Peruano de Economía (IPE). La cifra representa un crecimiento de 55% respecto al 2024 y equivale a un monto 6.5 veces mayor al registrado hace una década, reflejando el avance sostenido de esta actividad ilícita en distintas regiones del país.

El IPE advirtió además que las denuncias por minería ilegal presentadas ante el Ministerio Público se duplicaron entre 2021 y 2025, al pasar de 1,266 a 2,601 casos a nivel nacional. Las regiones más afectadas fueron La Libertad, Cajamarca y Madre de Dios, donde se reportaron fuertes incrementos vinculados a operaciones ilegales relacionadas con extracción aurífera.

Otro de los indicadores que encendió las alertas fueron los reportes de operaciones sospechosas vinculadas a minería ilegal enviados a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS. Estos alcanzaron los US$6,036 millones en 2025, más de cuatro veces el monto reportado el año anterior. Según el análisis, el aumento responde tanto al alza internacional del precio del oro como a las limitaciones del Estado para controlar economías ilegales que operan en zonas donde también existe narcotráfico.

El instituto señaló que el avance de esta actividad ya compromete inversiones mineras formales superiores a los US$12,000 millones en proyectos como Conga y Michiquillay, en Cajamarca, así como Los Chancas y Haquira, en Apurímac. Asimismo, indicó que la competitividad minera del Perú se ha deteriorado en los últimos años, pese al alto precio de los metales en el mercado internacional.

En paralelo, el IPE revisó las propuestas planteadas por agrupaciones políticas como Fuerza Popular y Juntos por el Perú para enfrentar la minería ilegal. El estudio evaluó aspectos como formalización, fiscalización, trazabilidad y presencia estatal. Según el informe, Fuerza Popular presentó medidas alineadas en seis de los siete ejes analizados, mientras que Juntos por el Perú solo coincidió en dos y otras agrupaciones en uno.

El documento también cuestionó que ninguna propuesta contemple eliminar el Reinfo ni establecer plazos definitivos para la formalización minera, pese a que solo el 2.4% de inscritos logró formalizarse en más de diez años. Además, criticó iniciativas de mayor intervención estatal en la comercialización del oro y posibles cambios en concesiones mineras, al considerar que podrían generar mayor incertidumbre jurídica y terminar facilitando el crecimiento de actividades ilegales.