La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que favorece a Keiko Fujimori ha golpeado duramente la estructura del caso Lava Jato en el Perú. El fallo desestima que los aportes de campaña no declarados constituyan delito, lo que debilita una de las principales líneas de investigación del Ministerio Público en los últimos años.

A partir de ahora, el caso deberá sostenerse en su hipótesis más sólida: las coimas que empresas brasileñas como Odebrecht y OAS pagaron a funcionarios públicos a cambio de obras.

El TC estableció que los aportes a campañas políticas realizados antes de noviembre de 2016 no pueden considerarse lavado de activos y que la Fiscalía no acreditó que los involucrados conocieran el origen ilícito del dinero. Esto podría beneficiar a varios políticos procesados, entre ellos Ollanta Humala, Susana Villarán y José Luna Gálvez, quienes ya han anunciado que solicitarán acogerse al fallo. La decisión del tribunal abre la posibilidad de que múltiples causas sean anuladas o revisadas, lo que constituye uno de los mayores reveses para el equipo especial del caso Lava Jato, dirigido por el fiscal Rafael Vela.

No obstante, los investigadores insisten en que el caso va más allá de los aportes de campaña. Lava Jato nació de una red de sobornos probados que las constructoras brasileñas pagaron para asegurarse contratos millonarios de infraestructura. El ejemplo más emblemático es el del expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir 35 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la licitación de la carretera Interoceánica Sur. La justicia peruana ya lo condenó en primera instancia, junto a otros implicados, en lo que fue la primera gran victoria judicial del equipo especial.

De la misma manera, la Fiscalía consiguió la condena del exviceministro aprista Jorge Cuba Hidalgo por haber recibido sobornos de Odebrecht durante la adjudicación del Metro de Lima. La constructora pagó más de 8 millones de dólares en coimas para obtener la obra. Hasta la fecha, el equipo especial ha logrado 74 sentencias, de las cuales 62 fueron por colaboración eficaz, evidenciando que la trama de corrupción dejó una extensa red de beneficiarios y operadores dentro del aparato estatal.

El próximo fallo de alto impacto será el del expresidente Martín Vizcarra, acusado de recibir más de dos millones de soles de las empresas Obrainsa e ICGSSA cuando era gobernador de Moquegua. Según la Fiscalía, los pagos se habrían efectuado a cambio de favorecerlas en la adjudicación de la obra de irrigación Lomas de Ilo y la ampliación del hospital regional. En paralelo, el exgobernador Jorge Acurio afronta juicio por haber negociado el proyecto de Vía Evitamiento Cusco a cambio de un porcentaje del contrato.

Pese al debilitamiento de una de sus líneas argumentales, el caso Lava Jato sigue sosteniéndose sobre pruebas materiales y testimonios que acreditan una estructura de sobornos empresariales a funcionarios públicos. Más de 20 procesos en curso involucran pagos ilícitos confirmados, y aunque las recientes resoluciones del TC compliquen el panorama judicial, los fiscales aseguran que el núcleo del caso —la corrupción en la adjudicación de obras— permanece firme y aún tiene muchas condenas por dictarse.