El canciller de Brasil, Mauro Vieira, defendió ante el Senado de su país la rapidez con la que se otorgó el asilo diplomático a Nadine Heredia, argumentando que el Gobierno peruano no presentó oposición alguna a dicha medida.

Durante su presentación ante el Comité de Asuntos Exteriores, explicó que la solicitud fue aprobada en apenas unas horas, luego de que Heredia ingresara a la Embajada de Brasil en Lima, el 15 de abril, tras ser condenada junto al expresidente Ollanta Humala por el delito de lavado de activos.

Vieira aseguró que la agilidad en el trámite respondió también a la inmediata concesión del salvoconducto por parte del Estado peruano, lo que facilitó el viaje de Heredia a São Paulo al día siguiente. “El gobierno peruano no puso ninguna duda, ningún problema y lo permitió inmediatamente”, indicó el ministro brasileño, quien también sostuvo que el proceso cumplió con los estándares de asilo por razones humanitarias.

La decisión del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha generado críticas, particularmente del senador Sergio Moro, exjuez del caso Lava Jato, quien calificó de “infame” la concesión del asilo, al considerar que no existían indicios de persecución política contra la ex primera dama. Moro cuestionó que el fallo judicial por el que fue condenada recién se hubiera emitido el mismo día en que solicitó el asilo, lo que, a su juicio, no justificaba un procedimiento tan expedito.

Ante las declaraciones del canciller brasileño, la Cancillería peruana respondió que cumplió con informar en reiteradas ocasiones a las autoridades de Brasil sobre la situación judicial de Heredia Alarcón. Asimismo, subrayó que el Perú actuó conforme a lo establecido en la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, que obliga al Estado territorial a otorgar las garantías necesarias para la salida del asilado cuando el asilo ya ha sido concedido.

Mientras tanto, Heredia ya cumplió un mes en Brasil, donde reside actualmente con uno de sus hijos menores. La sentencia en su contra y en la de su esposo fue dictada por el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, que concluyó que ambos introdujeron dinero ilícito, procedente de Venezuela y de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, en las campañas electorales del Partido Nacionalista de los años 2006 y 2011.