La fiscalía argentina pidió 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta de Argentina y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Esto como consecuencia de la presunta comisión del delito de asociación ilícita agravada en calidad de jefa, así como administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública por hechos acaecidos entre 2007 y 2015, cuando era presidenta.
Diego Luciani es el fiscal que realizó el pedido que ha causado el lamento del presidente Alberto Fernández, quien transmitió su afecto y solidaridad hacia la expresidenta a través de las redes sociales.
En los alegatos finales acusatorios del juicio a la esposa del fallecido presidente Néstor Kirchner, se señaló que hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones y no es creíble que ella no se enterara de lo que sucedía.
La vicepresidenta argentina es juzgada junto a otras doce personas y se argumenta que sus intervenciones en las licitaciones habrían sido para favorecer al empresario Lázaro Báez.
