En su presentación en la Fiscalía de la Nación, acompañada por sus abogados Benji Espinoza y Eduardo Pachas, la primera dama Lilia Paredes decidió no responder las preguntas que se le formularon y optó por guardar silencio.

Ella es sindicada por el Ministerio Público como la coordinadora dentro de una presunta organización criminal que estaría encabezada por su propio esposo Pedro Castillo.

Su papel habría sido el de nexo entre las dos jerarquías de la red, la alta jerarquía, en la que además del presidente se encontrarían el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, y el alcalde de Anguía José Nenil Medina, con la jerarquía menor, en la que se encontraban los testaferros, como los hermanos Espino y la también presa Yenifer Paredes.

Dicha organización se habría encargado de cometer una serie de irregularidades en la elaboración de expedientes técnicos y en la adjudicación de obras en diversas municipalidades, como las de Anguía en Cajamarca, Chachapoyas en Amazonas, entre otras.