El coronel de la Policía Nacional en retiro Max Anhuamán Centeno informó que presentó ante la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo documentación relacionada con el testimonio de Carlos Orlando Díaz Díaz, sobreviviente del ataque terrorista contra el puesto policial de Vilcashuamán, en Ayacucho, ocurrido el 22 de agosto de 1982. El relato contiene señalamientos sobre la presunta presencia del actual senador Íber Maraví durante aquellos acontecimientos.

La comunicación fue remitida el 27 de octubre de 2026 al procurador público especializado Mirko Alberto Ruiz Mendoza, según consta en el oficio difundido por Anhuamán en su cuenta de X. El documento presenta un sello de recepción de la Procuraduría y señala que la información también había sido entregada, un día antes, al general Carlos Zapata Fernández, director de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote).

De acuerdo con el oficio, Díaz Díaz habría manifestado que observó a Íber Maraví vistiendo un uniforme policial con distintivos de mayor y dando órdenes durante el ataque. El testimonio también menciona a Edith Lagos, Carlota Tello y Mezzich, personas vinculadas históricamente con Sendero Luminoso. Estas afirmaciones corresponden a la versión del sobreviviente y requieren corroboración mediante las investigaciones respectivas.

El exjefe de la Dircote precisó que la documentación presentada incluye un informe sobre las comunicaciones sostenidas con el testigo, así como mensajes, videollamadas, fotografías y un dispositivo USB con información complementaria. Solicitó que las autoridades examinen esos elementos y los contrasten con los atestados policiales y demás registros existentes sobre los sucesos ocurridos hace más de cuatro décadas.

El caso adquiere relevancia política debido a la condición de senador de Íber Maraví, integrante de Juntos por el Perú. El legislador ha rechazado públicamente las acusaciones que lo relacionan con actividades terroristas. Por tanto, los señalamientos difundidos no constituyen una determinación de responsabilidad penal y deberán ser evaluados respetando la presunción de inocencia y el debido proceso.

Anhuamán sostuvo que su propósito es poner la información a disposición de las instituciones competentes para que se investiguen los hechos y se establezcan las responsabilidades que correspondan conforme a la ley. La presentación del oficio abre una nueva posibilidad de revisión documental y testimonial sobre el ataque de Vilcashuamán, en el que murieron seis agentes policiales, sin que ello implique que las acusaciones hayan sido judicialmente acreditadas.