La presidenta de la República, Keiko Fujimori, expresó su respaldo a la decisión de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados de devolver S/ 270 millones al Poder Ejecutivo. La mandataria destacó la importancia de esta medida en un escenario marcado por la emergencia del fenómeno El Niño y la necesidad de fortalecer la lucha contra la criminalidad.

Mediante una publicación en su cuenta oficial de X, la jefa de Estado saludó a las autoridades de ambas cámaras legislativas por disponer que los recursos sean destinados a las principales necesidades nacionales. Su pronunciamiento puso especial énfasis en la atención de emergencias y en las medidas necesarias para enfrentar la inseguridad ciudadana.

El anuncio del Congreso se produjo luego de que sus autoridades informaran sobre un ahorro aproximado de S/ 303 millones durante los primeros 90 días de gestión. Según el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres, estos resultados fueron posibles gracias a la reducción de gastos administrativos, la eliminación de alquileres y una reorganización del presupuesto parlamentario.

Del monto total ahorrado, S/ 33,6 millones ya habían sido transferidos para atender las emergencias vinculadas con el fenómeno El Niño. Los S/ 270 millones restantes fueron puestos a disposición del Ejecutivo, que deberá definir su utilización conforme a las prioridades del país y los procedimientos presupuestarios correspondientes.

Entre las necesidades identificadas por las autoridades parlamentarias destacan el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, las acciones preventivas frente a las lluvias intensas y la atención de otras emergencias. Miguel Ángel Torres señaló que la cantidad anunciada equivale referencialmente al valor de más de 1.350 patrulleros, aunque ello no constituye una asignación aprobada para su adquisición.

El respaldo de Fujimori se produce en un contexto de coordinación entre el Gobierno y el Congreso para responder a las principales demandas ciudadanas. La decisión parlamentaria abre la posibilidad de destinar mayores recursos a sectores prioritarios, mientras que su impacto dependerá de una asignación transparente, una ejecución eficiente y resultados concretos para la población.