El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, reafirmó en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que el gobierno de Dina Boluarte evaluará la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sus declaraciones respondieron a la resolución de la Corte IDH que declaró inaplicable la reciente ley de amnistía para procesados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo de violencia política.

Santiváñez sostuvo que la medida se enmarca en el principio de separación de poderes y que se adoptó como respuesta al terrorismo que, según señaló, buscó quebrantar la democracia peruana en las décadas de 1980 y 1990. Pese a las críticas de organismos internacionales, aseguró que el gobierno mantiene su compromiso con los derechos humanos, pero sin renunciar a la defensa de la soberanía nacional.

Durante su discurso, el ministro enfatizó que el Perú seguirá cooperando con la comunidad internacional, aunque subrayó que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación y a decidir su historia sin injerencias externas. Reiteró que las decisiones de tribunales internacionales deben ajustarse a la realidad del país y no desconocer el contexto en que se adoptan ciertas medidas.

El viaje de Santiváñez a Ginebra generó polémica, pues contaba con un impedimento de salida del país que fue suspendido temporalmente por el Poder Judicial a pedido de su defensa. La Fiscalía de la Nación se había opuesto a la autorización, argumentando contradicciones en la participación del ministro en un evento sobre derechos humanos mientras defiende la posibilidad de retirar al Perú de la Corte IDH.

Tras su intervención, el canciller Elmer Schialer reiteró que el gobierno peruano es garante de los derechos humanos, aunque evitó referirse de manera directa al tribunal interamericano. Indicó que lo fundamental es proteger y promover estos derechos, pero que los mecanismos para hacerlo aún deben ser discutidos y evaluados por el Ejecutivo.