El proyecto de ley enviado por Pedro Castillo y Aníbal Torres al Congreso de la República, sobre la penalización de la difusión de información relacionada con investigaciones fiscales de carácter reservado, cuenta con un amplio rechazo ciudadano.

Y es que esta propuesta llega en un contexto en el que se da inicio a la investigación contra el presidente y cuando los medios de comunicación han podido difundir información de colaboradores eficaces, entre otras.

El Ejecutivo busca que se castigue con entre uno y dos años de cárcel para el agraviado, el imputado, los abogados o cualquiera de las partes; y entre dos y tres años de prisión para los jueces, fiscales, policías, asistentes administrativos o auxiliares jurisdiccionales.

Diversos especialistas cuestionan el proyecto de pretender amedrentar y callar a la prensa, con una medida propia de una dictadura y de gobiernos totalitarios. Por lo tanto, se espera que las bancadas del Congreso lo manden al archivo.