El fiscal supremo Pablo Sánchez compareció este lunes ante la Comisión Investigadora del Congreso encargada de indagar el acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht. Durante la sesión, el exfiscal de la Nación fue cuestionado sobre su vínculo con el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, así como sobre las diligencias fiscales frustradas en las oficinas de ese medio.

Sánchez admitió ante los legisladores que sostuvo al menos una o dos reuniones con Gorriti en su despacho cuando ejercía como fiscal de la Nación. Su declaración fue en respuesta a lo señalado por Jaime Villanueva, exasesor de la fiscal suspendida Patricia Benavides, quien afirmó haber coordinado uno de esos encuentros y sostuvo que en dichas reuniones se discutió la necesidad de formar el equipo especial Lava Jato.

En su intervención, el fiscal no negó el vínculo, pero intentó minimizarlo. “Una o dos veces nomás”, afirmó Sánchez, al tiempo que negó algún tipo de coordinación indebida o injerencia del periodista en decisiones del Ministerio Público. La revelación, sin embargo, generó incomodidad entre los miembros de la comisión, que buscan esclarecer la independencia de las investigaciones más sensibles del país.

Uno de los momentos más tensos se dio cuando se le consultó por las diligencias frustradas en las oficinas de IDL-Reporteros. Sánchez explicó que recibió una llamada de Gorriti en la que alertaba sobre una intervención de un fiscal sin documentos oficiales. Según su testimonio, él mismo se comunicó con el fiscal a cargo y este le informó que ya había suspendido la diligencia.

Los cuestionamientos a Sánchez se dan en un contexto de mayor escrutinio al interior del Ministerio Público, donde distintos sectores del Congreso buscan esclarecer presuntas interferencias externas en casos emblemáticos. La relación entre fiscales y medios de comunicación vuelve así al centro del debate político y judicial en el país.