Con la oposición del Ministerio del Ambiente y las alertas de la Defensoría del Pueblo, el Ejecutivo promulgó el 31 de diciembre la iniciativa que había sido aprobada por el Congreso el pasado 16 de diciembre, la cual amplía hasta el 2024 el plazo para la formalización de la minería ilegal.

El ministro de Energía y Minas, Eduardo González, saludó la promulgación y afirmó que de esta manera el presidente Pedro Castillo cumple su promesa a los pequeños mineros y mineros artesanales.

Sin embargo, la preocupación es la impunidad que se estaría generando, un retroceso por las graves consecuencias que sufren el medio ambiente y los derechos humanos.

Alrededor de esta actividad, se desarrolla la explotación sexual de menores de edad y la contaminación de ríos y de suelos, y es por eso que se sigue exigiendo el pronunciamiento de otros actores, tales como las universidades, los colegios profesionales y anteriores ministros del Ambiente.