El Consejo de Ministros, encabezado por Eduardo Arana, expresó su rechazo al allanamiento realizado por el Ministerio Público en la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Según el Ejecutivo, la medida vulnera el orden constitucional y busca generar inestabilidad política en un momento clave para la gobernabilidad del país.

En su pronunciamiento, Arana sostuvo que el derecho a la inviolabilidad del domicilio está garantizado por la Constitución y que este tipo de intervenciones deben ser excepcionales y debidamente justificadas. Señaló que el allanamiento constituye un “uso desproporcionado” de las facultades judiciales, afectando la intimidad y seguridad de los ciudadanos.

El presidente del Consejo de Ministros calificó la acción como una “vulneración al orden constitucional” que amenaza el equilibrio democrático. Asimismo, acusó al Ministerio Público de “politizar la justicia” y emplearla como un mecanismo de persecución política. Incluso cuestionó la utilización de la figura de “tercero vinculado”, a la que describió como un error jurídico ajeno al marco legal vigente.

El Ejecutivo también subrayó que la medida coincide con la reciente interpretación del Tribunal Constitucional sobre el artículo 117 de la Carta Magna, lo que, a su juicio, refuerza la percepción de un trasfondo político en las acciones judiciales. Para el Gobierno, este escenario pone en riesgo la institucionalidad y la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.

A pesar de las críticas, Arana aseguró que el Gabinete mantendrá su compromiso con el fortalecimiento democrático y el respeto al Estado de Derecho. Recalcó que el Gobierno continuará trabajando en favor de la población, pero advirtió que la politización de la justicia puede generar un grave daño a la democracia y abrir la puerta a mayores tensiones entre el Ejecutivo y el Ministerio Público.