La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación la ampliación de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026, con lo que se consuma la quinta prórroga de este mecanismo desde su creación. La ratificación se produjo a pocos días del vencimiento del plazo anterior y culmina el trámite legislativo iniciado por el pleno al cierre de la legislatura, trasladando ahora la definición final al Poder Ejecutivo.

La votación se realizó tras un breve debate y concluyó con 13 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. No se introdujeron modificaciones al texto aprobado en primera votación el 4 de diciembre, pese a los cuestionamientos planteados durante la discusión. De este modo, la norma fue confirmada en los mismos términos, manteniendo el esquema de ampliación por un año adicional.

El texto aprobado establece que el Reinfo permanecerá vigente hasta diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Mape) y su reglamento, lo que ocurra primero. Asimismo, contempla la realización de un censo nacional del sector, un proceso obligatorio de sinceramiento sobre la ubicación de las operaciones y un plazo para que los gobiernos regionales transfieran al Ministerio de Energía y Minas la documentación vinculada al proceso de formalización.

Durante el debate, diversos congresistas expresaron reparos al considerar que el Reinfo ha funcionado como un escudo frente a responsabilidades penales, civiles y administrativas, favoreciendo la continuidad de actividades ilegales. Desde esa posición, se advirtió que cada ampliación sin cambios estructurales debilita la autoridad del Estado y posterga una solución de fondo al problema de la minería informal y sus impactos ambientales y sociales.

En contraste, los defensores de la prórroga sostuvieron que la medida busca evitar un incremento abrupto de la informalidad y la conflictividad social en las zonas mineras, al considerar que miles de personas dependen de este proceso para sostener su actividad económica. También se reconoció que la ampliación no constituye una solución definitiva, pero se atribuyó su necesidad a la falta de avances en la aprobación de una nueva Ley Mape.

Especialistas y representantes del sector minero formal cuestionaron la decisión del Parlamento y advirtieron que la reiteración de prórrogas perpetúa un régimen fallido. Señalaron que el Congreso ha optado por trasladar el problema al siguiente gobierno, mientras el Ejecutivo evalúa si promulga la norma en los términos aprobados o la observa, en particular respecto a la reincorporación de registros excluidos y a la ausencia de límites claros a nuevas ampliaciones.