La Ley N.° 32527 delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos por un plazo de 60 días calendario en materias vinculadas a seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional. Así lo explicó el abogado Dino Carlos Caro Coria, quien detalló los alcances y límites de la habilitación otorgada por el Congreso.

En el ámbito de la seguridad, la delegación comprende modificaciones de naturaleza penal, procesal y penitenciaria orientadas a reforzar la capacidad del Estado frente a delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro. Entre las medidas previstas figuran actuaciones urgentes sobre dispositivos y evidencias digitales en supuestos de flagrancia y hallazgos en establecimientos penitenciarios, bajo esquemas de control posterior.

Asimismo, se autoriza un régimen de tramitación célere para los pedidos de levantamiento del secreto de las comunicaciones en situaciones de riesgo grave para la vida o la libertad, con intervención judicial en plazos breves. La ley también permite medidas de organización, como la creación de un subsistema especializado contra la extorsión y un enfoque integral para abordar el denominado “proceso extorsivo” en sus distintas etapas.

En materia de criminalidad económica, la norma habilita la creación de un Fichero Nacional de Titularidades Financieras, que será supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Este instrumento busca facilitar el acceso a información sobre productos financieros en investigaciones por lavado de activos y financiamiento del terrorismo, además de reforzar la trazabilidad de las comunicaciones y realizar ajustes al ecosistema de servicios móviles en aspectos de identificación, registro y límites operativos.

Respecto al crecimiento económico, la delegación faculta al Ejecutivo a dictar medidas contra nuevas modalidades de fraude tributario vinculadas a comprobantes electrónicos y al sistema de detracciones, así como acciones frente a la subvaluación aduanera y el control sancionador en operaciones de tránsito y transbordo. También se contemplan ajustes para facilitar la disponibilidad de inmuebles destinados a obras públicas y proyectos de inversión, incluidas las asociaciones público-privadas.

En el eje de fortalecimiento institucional, la ley autoriza la creación de nuevas entidades vinculadas a la defensa pública, el acceso a la justicia y la resocialización, además de mejoras en la ejecución de multas sectoriales, la gobernanza del sistema de ciencia y tecnología y los procesos de planeamiento. Finalmente, la norma establece límites materiales a la delegación y exige la presentación de informes de avance al Congreso, a fin de garantizar el seguimiento y control de su implementación.