Por Jorge Baca Álvarez

A pocos días de una elección decisiva para el país, resulta indispensable advertir que algunas de las propuestas planteadas por Juntos por el Perú en materia de telecomunicaciones no representan una simple diferencia de enfoque regulatorio. Representan un cuestionamiento directo al modelo que permitió desarrollar el sector en el Perú y abren la puerta a una mayor intervención política sobre la información, los medios de comunicación y la inversión privada.

Detrás de conceptos como la “democratización de las comunicaciones”, el “uso social del espectro” o la “soberanía tecnológica”, emerge una visión intervencionista sobre un sector que no solo resulta fundamental para la economía, sino también para el funcionamiento de la democracia.

La pregunta que corresponde formular es sencilla: ¿estas propuestas buscan realmente ampliar la conectividad y cerrar brechas digitales, o buscan ampliar la capacidad de intervención del poder político sobre uno de los sectores más estratégicos para la libertad y el desarrollo del país?

Durante más de treinta años, el desarrollo de las telecomunicaciones en el Perú ha descansado sobre un modelo basado en inversión privada, competencia y estabilidad regulatoria. Gracias a ello, el país logró expandir la cobertura móvil, desplegar redes de fibra óptica, masificar el acceso a internet y conectar a millones de peruanos que durante décadas permanecieron excluidos de los beneficios de la conectividad.

Nada de ello ocurrió por casualidad. Existieron reglas previsibles y porque empresas privadas asumieron inversiones millonarias en infraestructura, tecnología y expansión de redes. El despliegue de redes, espectro, antenas, fibra óptica y tecnología 5G exige recursos que solo pueden recuperarse en escenarios de estabilidad regulatoria y seguridad jurídica.

Ningún inversionista compromete recursos en un país donde el Estado amenaza con intervenir operadores privados, alterar arbitrariamente las reglas de juego o avanzar hacia esquemas de control político del sector.

Cuando aparece la incertidumbre regulatoria, la inversión se retrae. Cuando la inversión se retrae, la innovación se ralentiza. Y cuando la innovación se ralentiza, quienes terminan pagando las consecuencias son precisamente las poblaciones más vulnerables y menos conectadas.

Pero existe un aspecto todavía más preocupante.

La radio y la televisión abierta no son simples actividades económicas. Constituyen plataformas esenciales para la circulación de ideas, la fiscalización del poder, la formación de opinión pública y el ejercicio efectivo de la libertad de expresión. El espectro radioeléctrico no es únicamente un recurso técnico: es el soporte material sobre el que descansa la existencia de medios independientes y la diversidad de voces que caracterizan a una sociedad democrática.

Por ello resulta preocupante la insistencia en redefinir el espectro radioeléctrico bajo criterios predominantemente “sociales”, “estratégicos” o sujetos a mayores niveles de discrecionalidad estatal.

La historia reciente de América Latina demuestra que los procesos de control sobre la información rara vez comienzan mediante actos abiertos de censura. Comienzan con discursos sobre democratización, soberanía comunicacional, interés social o recuperación de recursos estratégicos. Más adelante aparecen los controles regulatorios, las presiones administrativas, las revisiones selectivas de licencias y la utilización política de los mecanismos de asignación o renovación de frecuencias.

Cuando el Estado concentra cada vez más poder sobre los recursos indispensables para transmitir información, la libertad de expresión comienza a debilitarse.

El riesgo no siempre adopta la forma de una censura explícita. Muchas veces se manifiesta a través de mecanismos mucho más sofisticados: organismos administrativos con amplios márgenes de discrecionalidad, amenazas regulatorias permanentes, criterios ambiguos de interés público o incertidumbre respecto de la continuidad de las autorizaciones necesarias para operar.

Las telecomunicaciones no solo transmiten datos. Transmiten identidad nacional, cultura, educación, integración territorial y oportunidades de desarrollo. Constituyen la infraestructura que conecta regiones, acerca ciudadanos, fortalece mercados y permite la participación de millones de personas en la economía digital.

Debilitar el ecosistema de inversión, competencia y libertad que sostiene esa infraestructura significa comprometer el futuro tecnológico del Perú.

Cerrar brechas digitales debe seguir siendo una prioridad nacional. Pero ello no se logrará debilitando la confianza, desalentando la inversión privada ni ampliando la capacidad de intervención política sobre las telecomunicaciones y los medios de comunicación.