Opinión

¿Cuál es la relación entre el aeropuerto Chinchero, el Jorge Chávez y la TUUA que nos tocará pagar a todos los peruanos?

Publicado el 05 de junio de 2026

La exministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, lanzó una dura crítica contra los acuerdos contractuales pactados entre el Estado peruano y la empresa Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. A través de un detallado análisis técnico, la exfuncionaria alertó sobre las implicancias económicas que tendrá para los ciudadanos el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) a los pasajeros en transferencia. Según argumentó, este mecanismo responde a una estrategia de la empresa para asegurar ingresos adicionales ante la futura competencia que representará el proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en el Cusco.

 

En sus reflexiones, Lazarte recordó que desde el año 2001 el Jorge Chávez ha operado como el único terminal internacional del país, manteniendo un mercado cautivo con millones de pasajeros que carecen de alternativas aeroportuarias. Sin embargo, este escenario monopolístico iba a cambiar hacia el 2012, año en el que el Estado decidió ampliar la competencia en el sector mediante la licitación de Chinchero. De manera muy llamativa en términos cronológicos, un año después de este anuncio y en plena fase de transacción del proyecto cusqueño, se firmó la adenda que introdujo el cobro de la TUUA para los viajeros de conexión.

 

Para la especialista, resulta inverosímil que un operador de la envergadura y experiencia técnica de LAP no hubiera evaluado el impacto de los flujos de transferencia en su modelo de negocio desde la oferta original. A su juicio, la adenda suscrita en 2013 fue crucial para la empresa, ya que blindó una fuente de financiamiento no contemplada inicialmente y le otorgó una posición jurídica ventajosa. Con la inclusión de esta referencia contractual concreta y cuantificable, el concesionario habría asegurado de forma anticipada una vía legal para reclamar compensaciones económicas millonarias al Estado cuando la competencia aeroportuaria se haga efectiva.

 

La exministra también desvirtuó los argumentos que intentan justificar estos beneficios económicos en supuestos retrasos estatales, precisando que las demoras previas en la entrega de terrenos ya fueron debidamente subsanadas por el Gobierno mediante la ampliación de los plazos de concesión y otras medidas correctivas. Asimismo, enfatizó que si LAP consideraba que la construcción del nuevo aeropuerto en el Cusco afectaba su equilibrio financiero, los mecanismos debían activarse cuando el impacto real ocurriera y no basándose en supuestos hipotéticos, puesto que las afectaciones no se pueden resarcir antes de existir.

 

La controversia se agudiza al revisar la accidentada trayectoria del terminal cusqueño, el cual iba a ser el primer gran competidor del Jorge Chávez. Tras la resolución de su contrato original en 2017, el proyecto fue retomado en 2019 bajo la modalidad de acuerdo de Estado a Estado con Corea del Sur, fijando su culminación inicial para el año 2025; no obstante, la obra se encuentra paralizada actualmente y su fecha estimada de entrega se ha postergado hasta el 2028. Este retraso prolonga el dominio absoluto del aeropuerto limeño y posterga la descentralización del flujo aerocomercial internacional.

 

Finalmente, Lazarte calificó tanto la adenda firmada en 2013 como la que se ha suscrito recientemente de irregulares y lesivas para los intereses nacionales, cuestionando abiertamente si estos procesos se llevaron a cabo respetando el marco jurídico, ético y moral que corresponde a las contrataciones del Estado. Frente a este panorama que compromete los bolsillos de los usuarios peruanos, la ex titular del sector anunció que centrará sus próximos análisis en investigar a fondo los motivos reales detrás de las constantes demoras que entrampan la ejecución del aeropuerto de Chinchero.

 

 

 

 

Fuente: CanalB

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