Por Emilio Rossi Ferreyros, abogado y candidato a diputado, número 4, por País para Todos
Publicado en La Noticia

En campaña electoral abundan las propuestas. Cada semana aparece una nueva: más bonos, más programas, más promesas. Pero pocas veces se hace una pregunta previa y fundamental: ¿en qué cree quien aspira a tener poder? Antes de presentar cualquier iniciativa, un candidato debería explicar cuáles son sus principios. Porque el poder sin principios es peligroso. Y el Congreso no es un escenario para improvisaciones.

Un congresista no construye hospitales ni administra ministerios. Su función es más profunda: crea las reglas del juego y fiscaliza que el Ejecutivo las cumpla. Si las reglas son malas, el país funciona mal. Si las reglas son claras y justas, la economía crece y la sociedad avanza.

Por eso, antes de hablar de propuestas concretas, es indispensable hablar de valores.

Creo en la libertad individual como motor de progreso. Las personas deben poder emprender, elegir y desarrollarse sin trabas innecesarias. Pero la libertad requiere responsabilidad. Sin responsabilidad, no hay confianza; y sin confianza, no hay inversión ni crecimiento.

Creo en la justicia entendida como igualdad ante la ley. Las reglas deben aplicarse igual para todos, sin privilegios ni favoritismos. Y creo en la dignidad del ciudadano: nadie debe sentirse indefenso frente al poder del Estado ni frente al abuso de una empresa.

Desde esa base surge una visión clara del Estado. El Estado no está para reemplazar al mercado ni para dirigir la vida de las personas. Pero sí tiene funciones esenciales que no puede abandonar.

Debe garantizar seguridad.

Debe garantizar justicia.

Debe establecer reglas claras y estables.

Y debe garantizar calidad de vida para las personas.

En ese marco, la protección al consumidor no es intervencionismo. Es institucionalidad.

Un mercado funciona bien cuando hay competencia, información transparente y cumplimiento de contratos. Cuando hay asimetrías de información o prácticas abusivas, la confianza se rompe. Y sin confianza, el mercado deja de ser eficiente.

Por eso es fundamental fortalecer instituciones como INDECOPI, dotarlas de mayor capacidad técnica y garantizar que las reglas se cumplan con rigor. No se trata de controlar precios ni de asfixiar a las empresas. Se trata de asegurar que los contratos se respeten y que el ciudadano no quede desprotegido. Proteger al consumidor es proteger la confianza en el mercado.

Un país no crece solo con discursos grandilocuentes. Crece cuando las reglas son previsibles, cuando los abusos se sancionan y cuando las instituciones generan equilibrio.

Antes de prometer, hay que saber en qué se cree. Y si se cree en la libertad, la responsabilidad y la justicia, entonces la defensa del consumidor no es una consigna electoral. Es una consecuencia natural.

El Congreso no debe ser una fábrica de promesas. Debe ser el lugar donde se construyen reglas justas para que el país funcione. Esa es la verdadera tarea pendiente.