La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, afirmó que su gestión tiene como prioridad generar estabilidad política y económica en un contexto complejo, así como entregar resultados concretos a la ciudadanía. La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros sostuvo que el Ejecutivo ha asumido el compromiso de resolver problemas urgentes y brindar tranquilidad a las familias peruanas.

Miralles explicó que, desde el mismo día de su juramentación, el Gobierno enfrentó la emergencia provocada por intensas lluvias e inundaciones en diversas regiones del país. Indicó que durante casi una semana, debido a la transición presidencial, no pudieron firmarse declaratorias de emergencia ni decretos supremos, lo que retrasó decisiones administrativas mientras se agravaba la situación en el territorio. Por ello, el Consejo de Ministros sesionó de inmediato para aprobar y publicar las medidas correspondientes.

En total, se declaró y amplió el estado de emergencia en 15 regiones: Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín y Tumbes, abarcando 707 distritos con intervenciones diferenciadas según el nivel de afectación.

La premier señaló que se optimizarán los procedimientos para agilizar trámites municipales, se activarán bonos agrarios, facilidades tributarias temporales y se fortalecerá la articulación con el sector privado para acelerar la recuperación.

Asimismo, informó que el jefe de Estado viajará a regiones del norte como Tumbes, Piura y Lambayeque, y que se ha reactivado la figura de ministros coordinadores por región para reforzar la presencia del Ejecutivo en las zonas afectadas. En el plano económico, aseguró que el impacto del fenómeno de El Niño se mantiene dentro de las proyecciones previstas, aunque reconoció daños severos en áreas específicas.

En relación con el proceso electoral, Miralles fue enfática en señalar que el Ejecutivo garantizará absoluta neutralidad y respeto a la voluntad ciudadana. Confirmó que se asegurarán los recursos y transferencias necesarias para los organismos electorales, con el objetivo de preservar la transparencia y el normal desarrollo de las próximas elecciones, en un marco de responsabilidad fiscal y estabilidad económica.