Por María Isabel León, empresaria y expresidenta de la Confiep
Publicado en El Comercio

En un momento clave en el que el Perú necesita crecer, atraer inversión y cerrar brechas sociales urgentes, preocupa que desde el Congreso se impulsen iniciativas que avancen en sentido contrario. El proyecto que modifica la Ley General de Minería —hoy en debate— no solo es técnicamente cuestionable: es abiertamente lesivo para el desarrollo del país. Reducir plazos de concesión, elevar penalidades, acelerar la caducidad por demoras burocráticas, entre otros, no es una reforma; es una temeridad.

La minería formal ha sido, por décadas, un pilar de la economía: genera cerca de la mitad de nuestras exportaciones, dinamiza regiones y financia salud, educación e infraestructura. Debilitarla no es neutral: golpea directamente las oportunidades de millones de peruanos.

La pregunta de fondo debería ser otra: ¿quién enfrenta con decisión la expansión de la minería ilegal? El problema central es un diagnóstico equivocado. No es la minería formal la que contamina, evade o depreda; es la informalidad la que opera sin reglas, sin fiscalización, sin responsabilidad ambiental y sin pagar impuestos. Sin embargo, en lugar de fortalecer la institucionalidad y combatir lo que sí hace daño, se imponen más trabas a quienes cumplen la ley. El resultado es predecible: menos inversión, menos empleo formal y más espacio para actividades ilegales.

En un país donde desarrollar un proyecto minero puede tomar décadas, añadir incertidumbre profundiza la parálisis y pone en riesgo una cartera de inversiones superior a US$ 60.000 millones, clave para el crecimiento y el cierre de brechas sociales. Finalmente, y más preocupante aún, resulta la aparente “sordera crónica” de quienes desestiman los argumentos de oposición técnica y fundamentada de los organismos competentes del propio Estado, con referencia a esta iniciativa de ley.

La disyuntiva es clara: o fortalecemos la minería formal como motor de desarrollo sostenible o abrimos la puerta a menos oportunidades y mayor desorden. Optar por lo segundo no es prudencia; es un grave error y una verdadera irresponsabilidad.