La empresa Sudamericana de Energía (SDE) emitió un comunicado en el que cuestiona el accionar del concesionario del sistema de transporte de gas natural en el país, tras la reciente interrupción del servicio operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP). Aunque el sistema ya fue restablecido, la firma advierte que el episodio ha evidenciado problemas estructurales en la regulación de un servicio considerado crítico.

Según el pronunciamiento, la crisis no solo puso en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura, sino también una aplicación desigual de las reglas dentro de un mercado de monopolio natural. En particular, se cuestiona el uso de la figura de “fuerza mayor”, que permite eximir responsabilidades en situaciones extraordinarias.

SDE recordó que durante la pandemia del COVID-19, reconocida globalmente como un evento de fuerza mayor, diversas empresas en el Perú no pudieron operar con normalidad. Sin embargo, en el caso de su subsidiaria SDF Energía, el concesionario del transporte de gas habría rechazado aplicar esta figura, continuando con la facturación del servicio e incluso reclamando indemnizaciones por lucro cesante en procesos arbitrales.

En contraste, la empresa señala que en la actual contingencia que afectó al propio sistema de transporte, el mismo concesionario evalúa o invoca la figura de fuerza mayor para eximirse de responsabilidades frente a sus clientes. Esta diferencia de criterios, sostienen, revela una asimetría en la asignación de riesgos dentro del sector.

El comunicado enfatiza que este patrón no es aislado, ya que durante la pandemia múltiples usuarios habrían enfrentado situaciones similares. En un mercado sin competencia, como el del transporte de gas, la regulación se convierte en el principal mecanismo de protección para los usuarios, por lo que se plantea la necesidad de revisar el rol del regulador y los estándares de confiabilidad exigidos.

Finalmente, SDE advirtió que el restablecimiento del servicio, aunque necesario, no es suficiente para evitar futuras crisis. La empresa sostuvo que, si no se corrigen las reglas, los incentivos y la supervisión del sistema, episodios como este podrían repetirse. En ese sentido, concluyó que cuando un monopolio puede negar la fuerza mayor a sus usuarios y luego invocarla en su propio beneficio, el problema deja de ser técnico y pasa a ser institucional.