El juez supremo provisional Ricardo Brousset Salas ha lanzado una advertencia contundente: cualquier docente que utilice las aulas como plataforma para glorificar a personas condenadas por terrorismo o promover acciones de grupos terroristas será penalizado con una condena de 12 a 20 años de prisión.

Brousset Salas enfatizó que incitar a terceros a participar en actividades terroristas o colaborar con el terrorismo también constituye un delito, conocido como adoctrinamiento, y puede llevar a penas similares.

Además de las duras penas de cárcel, los maestros que cometan esta infracción enfrentarán sanciones administrativas que incluyen la prohibición de reingresar al servicio docente o ejercer cualquier cargo público.

Brousset Salas dejó claro que esta medida no es exclusiva para los docentes, ya que cualquier individuo que promueva el terrorismo, sea a través de capacitaciones, pegando afiches o difundiendo mensajes en medios digitales o de prensa, puede ser considerado culpable de apología al terrorismo.

Esta advertencia llega en un momento crucial, recordando a la sociedad peruana que el combate contra el terrorismo es una responsabilidad compartida que requiere vigilancia y acción tanto en las instituciones educativas como en la sociedad en general.