Según el artículo 126 de la Constitución, los ministros no pueden ejercer otra función pública que no sea la legislativa. Además, quienes ostentan un fajín, no pueden ser “gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”. Dina Boluarte, vicepresidente del Perú y, a la postre, ministra en la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, habría incumplido el mencionado artículo.

¿Por qué? Según la contraloría, en un informe sobre la declaración jurada de intereses que presentó Boluarte, esta incumplió la Constitución al haber firmado documentos de la asociación privada Club Departamental Apurímac en su calidad de miembro de la directiva. Esto a la vez de ser ministra.

Incluso, la contraloría informó que, tan solo entre el 26 de agosto y el 20 de octubre de 2021, firmó 13 documentos de la asociación. En menos de un mes, una ministra de Estado le dedicó 13 momentos a otra institución.

Por otra parte, el informe detalla que Dina tampoco informó sobre sus familiares que laboran en el Estado. Su hermano Nicanor Boluarte Zegarra actualmente trabaja en la Municipalidad de Pueblo Libre como asesor. Asimismo, su cuñado Alfredo Pezo Paredes se desempeña en la Escuela Nacional de Control, cuando existe un manifiesto impedimento de que trabajen en el Estado. Según el diario Perú 21, los salarios de ambos superan los 50 mil soles.

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, anunció rápidamente que su bancada presentaría una denuncia constitucional contra Boluarte. Sin embargo, esta mañana, según fuentes de El Reporte, la congresista Norma Yarrow de Avanza País se le adelantaría. Maricarmen Alva, a su vez, dispuso que el informe de Contraloría se reparta tanto en físico como virtual en el parlamento. Finalmente, el informe, según nuestras fuentes, ya ingresó para su evaluación a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

A simple vista, un espectador desconfiado podría decir que firmar documentos del Club Departamental Apurímac no es un gran conflicto de intereses. Pero el Estado de Derecho se basa en normas y estas deben ser cumplidas. Hace poco se vacó a un alcalde de Lima por haber participado en una sesión de un directorio, al que al poco tiempo renunció. La falta ya estaba realizada y su sentencia fue clara. Boluarte debería recibir el mismo tratamiento y escrutinio que Muñoz.

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