Nunca los congresos ni los políticos han sido populares ni aquí ni en ninguna parte del mundo, por lo que resulta siempre atractivo golpearlos y hacer escarnio de sus errores y torpezas. En el Perú, enfrentarse al Parlamento siempre ha traído réditos, especialmente en los últimos años. El 30 de setiembre del 2019 será recordado como el día en que Martín Vizcarra hirió de muerte a la institucionalidad en el Perú con un irregular y forzado cierre del Congreso.

Ahora, ante el desastre de la gestión de Pedro Castillo y su banda, en el que se han evidenciado actos de corrupción, se investiga al Presidente de ser el cabecilla de una organización criminal que planeaba asaltar el Estado aun antes de asumir el poder; resulta grotesco que los oficiosos defensores del régimen pretendan poner en el mismo nivel de alcantarilla las acciones del Ejecutivo con las del Congreso.

Es innegable que hay algunos parlamentarios –con nombre, apellido y partido—cómplices de Castillo y sus secuaces, pero hay una enorme distancia entre estos personajes y la institución parlamentaria.

En una democracia es imprescindible fortalecer y respetar a las instituciones, y es el Parlamento una pieza clave en el Estado de Derecho, independientemente de sus representantes.

Pareciera que quienes tercamente apoyaron a Castillo ahora buscaran acallar sus conciencias atacando furibundamente al Parlamento. A esto, hay que sumar que en menos de un año, la actual gestión parlamentaria ha logrado desatar varios nudos que convenientemente se habían atado por años.
Este Congreso, haciendo caso omiso a las críticas interesadas, ha logrado elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, proceso que por años había sido postergado por razones ajenas al proceso. No olvidemos que Vizcarra y Salvador del Solar cerraron el Parlamento en el 2019 para –entre otras cosas-, evitar la renovación de esa institución.

Además, el actual Parlamento le ha puesto candado a la Asamblea Constituyente de Castillo y Cerrón, y eso ya es bastante para ponerle freno a los afanes de poder absoluto e indefinido que se busca con esa iniciativa.

Por si fuera poco, el Congreso ha modificado el directorio de la Sunedu, que era monopolio de un sector. Para algunos es “debilitar la educación universitaria”, para otros es reforzar una verdadera autonomía. Cuestión de perspectivas.

También le han puesto freno a la llamada ley de Educación Sexual Integral, con el fin de que los padres de familia puedan intervenir y decidir el contenido que reciben sus hijos en las escuelas.

Solo con estas decisiones tomadas en menos de un año puede decirse que la gestión del Parlamento tiene saldo positivo.

Hay mucho por hacer, entre otras cosas sancionar a los llamados “niños” de Acción Popular, proceder con la inhabilitación por infracción constitucional a Dina Boluarte y lo que sería su mayor logro: la vacancia por incapacidad moral permanente a Pedro Castillo. ¡Sí se puede!

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