La semana pasada se produjo un hecho histórico. Por primera vez se incluyó en una investigación fiscal al presidente de la República. Hubo debate sobre la temática en la fiscalía. La ex fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, se encontraba en contra de incluir al mandatario, pero el actual titular interino, Pablo Sánchez, no dudó en incluir a Pedro Castillo en las investigaciones, ya que pesan sobre él los suficientes indicios de que encabeza una organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Las indagaciones sobre el Presidente por el caso Puente Tarata III llevarán la historia de la investigación fiscal a un terreno sui generis. La fiscalía puede pedir el levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones al Presidente en funciones. Es más, esta investigación podría desembocar en una acusación constitucional.

Sin embargo, toda la investigación se encontraba en suspenso debido a la elección de los dos fiscales supremos, llevada a cabo esta mañana. Se decía que la candidata Delia Espinoza, cercana a Zoraida Ávalos, si es que era electa fiscal de la nación, no continuaría la investigación hacia Castillo. La elección no fue beneficiosa para el gobierno. Espinoza no salió electa. Por el contrario, la fiscalía anunció, a tempranas horas de esta mañana, que los dos nuevos fiscales supremos son Patricia Benavides Vargas y Juan Villena, más cercanos a la tesis de Sánchez sobre la investigación al Presidente.

En breve se debe definir quién será el fiscal de la nación. Está entre ellos cuatro: Ávalos, Sánchez, Benavides y Villena. Esta configuración de fuerzas debería desembocar en un próximo fiscal de la nación que continúe el sendero trazado por Sánchez. Por lo tanto y en breve tiempo, podríamos estar presenciando a un presidente con el secreto bancario, tributario y de comunicaciones levantado.

Finalmente, la congresista y, a la sazón, ex fiscal de la nación, Gladyz Echaíz, dijo que, si se desarrollara una investigación preliminar en la que se acopien datos que permitan formular una denuncia constitucional, esta desembocaría en el parlamento. Dijo, además, que el presidente tiene derecho a antejuicio político, por lo que se originaría un debate sobre la pertinencia de esta acusación constitucional. Lo que sí, apuntó Echaíz, es que echaría más leña al fuego sobre una vacancia presidencial. Ayer, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Nacional) señaló que, si las investigaciones continúan y se comienza a evidenciar culpabilidad en el Presidente, presentarían otra moción de vacancia presidencial. Veremos.

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