Hoy, a las 3 la tarde, la Comisión de Fiscalización debatirá y definirá si presentará una acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo. En el informe final, que presentaron ayer, ya adelantaron que recomiendan aplicar la medida mencionada. Este documento también anuncia que el mandatario lideraría una red criminal que opera desde el Ejecutivo. Asimismo, enlista los casos por los que se le investiga: Puente Tarata III, Sarratea, ascensos en las Fuerzas Armadas y Sunat. Héctor Ventura, presidente de la comisión, agregó que este proceso también alcanza al ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, como también a “ministros de Estado, altos funcionarios, exfuncionarios y empresarios, entre otros”.

La comisión ya había citado anteriormente al presidente Pedro Castillo para que esclarezca su situación. Sin embargo, las tres veces que fue invitado al despacho de este grupo congresal, el mandatario hizo caso omiso, a pesar de mostrarse en público como alguien dispuesto a colaborar con la justicia. Esto provocó que deje la calidad de testigo para pasar a la de investigado. Mientras el abogado del jefe de Estado, Benji Espinoza, buscaba atajos para suspender esta investigación, su propio patrocinado lo desdecía. Este, además de insistir en que su contribución era una realidad y que sugería tácitamente que solo faltaba el momento exacto, llegó a invitar a la misma comisión a Palacio de Gobierno. El grupo de legisladores fue este último lunes 27 de junio, pero solo encontró encadenada y desolada la casa de Pizarro.

Entre las denuncias contra el mandatario está el de los posibles negocios turbios que habría coordinado con la ahora colaboradora eficaz Karelim López. Esto cuando despachaba desde un edificio, en Sarratea (Breña), en lugar de hacerlo desde Palacio de Gobierno. El otro caso es el del Puente Tarata III, el que habría expuesto —a través de unos audios— cómo se redireccionaban licitaciones con la venia de su intocable ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien también es ahora fugitivo. También se le acusa de haber presionado para alentar algunos ascensos en las Fuerzas Armadas. Esto fue denunciado por el ex comandante general José Vizcarra, quien ahora dice que recibe amenazas de muerte. Y otro más es por haber sido presuntamente gerente general del Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores, lo cual figuraba en la SUNAT, cuando ya era Jefe de Estado.

Ordenado este rosario de casos, la Comisión de Fiscalización, en su informe final de 362 páginas, enfrió el norte del presidente con una nomenclatura peligrosa: posible líder de una organización criminal de 18 personas enquistada en Palacio.

Si el caso es admitido, terminará en las manos de la Comisión Especial, en donde se verá cuál es el futuro del mandatario: lo más posible es la inhabilitación. Aunque, ahora último, la vacancia de Pedro Castillo vuelve a ganar terreno. Tras ser invitado a renunciar a la militancia de Perú Libre, el vocero de Somos Perú, Wilmar Elera, dijo que esto podría agigantar la posibilidad de tener los 87 votos necesarios. Pero el optimismo no debe embriagarnos. Cuenta con mucho poder y respaldo. Aún está lejos de ser un pato rengo.

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