La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó una nueva normativa que actualiza los estándares de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) para las personas jurídicas que operan juegos de casino y máquinas tragamonedas en el país.

La medida fue oficializada mediante la Resolución SBS N.° 01015-2026, publicada el 8 de abril, y reemplaza el marco anterior para alinearlo con las exigencias vigentes y las mejores prácticas internacionales.

De acuerdo con el análisis del abogado Dino Carlos Caro Coria, la norma establece la implementación obligatoria de un sistema integral de prevención (SPLAFT) bajo un enfoque basado en riesgos. Este sistema contempla 13 componentes mínimos, entre ellos políticas y procedimientos, la designación de un oficial de cumplimiento, mecanismos de debida diligencia, auditorías internas, registro de operaciones, así como la detección y reporte de operaciones inusuales o sospechosas.

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de una metodología más sofisticada para la identificación y evaluación de riesgos vinculados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. En ese sentido, ciertos operadores deberán mapear sus riesgos considerando variables como el tipo de cliente, los productos o servicios ofrecidos y las zonas geográficas donde operan, con actualizaciones obligatorias al menos cada tres años.

En materia de debida diligencia, la regulación refuerza el control sobre perfiles considerados de mayor riesgo, como las personas políticamente expuestas (PEP), no residentes o individuos investigados. Asimismo, se establece como requisito ineludible la identificación del beneficiario final en todas las operaciones, eliminando cualquier excepción que pudiera existir en el régimen previo.

En el plano operativo, la norma fija nuevos umbrales y plazos. Por ejemplo, el registro de operaciones alcanza aquellas transacciones desde los 2.500 dólares en el canje de fichas, mientras que los reportes de operaciones sospechosas (ROS) deberán remitirse a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú en un plazo máximo de 24 horas desde su calificación.

Con esta actualización, la SBS busca elevar los niveles de trazabilidad y control en el sector, exigiendo mayor documentación y reduciendo los márgenes de error en el cumplimiento normativo. La nueva regulación marca así un endurecimiento en la supervisión de una industria considerada de alto riesgo en materia de prevención de delitos financieros.