El nuevo plan de gobierno presentado por el partido Juntos Por el Perú (JPP) sostiene una postura sumamente crítica frente al modelo económico vigente, al asegurar que millones de compatriotas continúan excluidos de las ganancias del desarrollo del país.

El documento oficial de la agrupación política afirma de manera tajante que el sistema actual no ha sabido distribuir sus frutos equitativamente entre los ciudadanos, argumentando que la riqueza se concentra en unos pocos sectores mientras que la gran mayoría de la población permanece en una situación de vulnerabilidad y precariedad.

Sin embargo, los datos y la evidencia empírica disponibles no respaldan el diagnóstico planteado por la agrupación que lidera Roberto Sánchez. De acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el crecimiento económico registrado en los últimos 18 años ha favorecido de manera prioritaria y significativa a los segmentos más vulnerables de la sociedad. Al cierre del año 2025, el ingreso mensual per cápita del 10% de la población más pobre de nuestro país experimentó un incremento de alrededor del 105% en comparación con los niveles reportados en el año 2007.

Esta tendencia de crecimiento en los ingresos se refleja de forma progresiva en los siguientes estratos económicos de la sociedad peruana analizados por el organismo técnico. Las estadísticas revelan que los ingresos correspondientes al segundo decil de la población aumentaron en un 87.8%, mientras que el tercer decil registró una expansión del 70.8%, el cuarto decil un 57.2% y el quinto decil avanzó un 47.4%.

En contraste con lo señalado por Juntos Por el Perú, la magnitud de estas mejoras se redujo a medida que se avanzaba hacia los sectores de mayores recursos, e incluso el decil más rico sufrió una contracción promedio de 1.2% respecto a los niveles de 2007.

Al respecto, el exministro de Economía Alfredo Thorne enfatizó que el indicador más contundente y potente del impacto positivo del crecimiento es la reducción histórica de la pobreza en el territorio nacional. La exautoridad recordó que en el año 2001 el 54.8% de los peruanos se encontraba en situación de pobreza, una tasa que se logró reducir significativamente hasta un 20.2% en el 2019. Si bien la crisis sanitaria de la pandemia golpeó la economía y elevó la cifra a 30.1%, la posterior recuperación permitió que el indicador se sitúe actualmente en 25.7%, demostrando una resiliencia ligada a las bases del modelo.

En el ámbito de las propuestas políticas, Thorne sostuvo que una optimización en la distribución de la riqueza y el bienestar social no requiere de una reforma constitucional como la planteada por Juntos Por el Perú. El especialista precisó que el verdadero camino hacia el desarrollo pasa por una gestión pública mucho más eficiente y por mejorar la ejecución de los recursos destinados a la inversión pública, especialmente en los gobiernos subnacionales. De este modo, los beneficios directos podrían llegar de manera más rápida y transparente a las comunidades que más lo necesitan.

Por su parte, el jefe de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes, coincidió en que la gran debilidad del sistema no radica en la generación de riqueza, sino en la incapacidad del Estado para transformar los recursos del canon y las regalías en servicios de calidad. El analista citó deficiencias institucionales específicas y cuestionó que entidades clave no hayan ofrecido los resultados esperados a pesar de la bonanza fiscal. A su criterio, los problemas pendientes por resolver en el país están vinculados a la deficiente administración pública y al rol de ciertas instituciones, y no a una falla del modelo económico per se.