Una propuesta legislativa presentada en el Congreso plantea modificar el Código Penal para imponer penas de hasta diez años de prisión a quienes oculten su rostro durante protestas en las que se produzcan disturbios.

La iniciativa es impulsada por la congresista Elizabeth Medina, de Somos Perú, y fue ingresada el 4 de noviembre de 2025. El planteamiento incluye también sanciones para quienes autoricen o lleven a menores de edad o personas con discapacidad a manifestaciones que deriven en violencia.

El proyecto propone cambios en los artículos 315 y 452 del Código Penal. En el primero, relacionado con el delito de disturbios, se incorpora como agravante el cubrir el rostro total o parcialmente durante la comisión de actos violentos. Bajo esta condición, la pena podría oscilar entre ocho y diez años de cárcel, acompañada de una multa de entre 365 y 500 días. En el artículo 452, el texto plantea sanciones de servicio comunitario de entre veinte y cuarenta jornadas, o multas de entre sesenta y noventa días, para quienes oculten su identidad o permitan la participación de menores y personas con discapacidad en escenarios de violencia.

La exposición de motivos sostiene que llevar encapuchados dificulta la identificación de responsables y favorece la comisión de delitos como daños a la propiedad pública o agresiones. Para justificar la iniciativa, se citan como antecedentes las manifestaciones del 15 de octubre de 2025 y del 15 de diciembre de 2022, en las que hubo fallecidos y heridos, además de incendios, bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la Policía Nacional. Según el documento, en ambas fechas la presencia de manifestantes con el rostro cubierto complicó las investigaciones.

La propuesta también busca evitar que menores de edad y personas con discapacidad sean expuestos a situaciones de riesgo en protestas que se tornan violentas. Se menciona el artículo 125 del Código Penal sobre exposición al peligro, así como la Convención sobre los Derechos del Niño, señalando que involucrar a menores en manifestaciones violentas constituye una forma de manipulación que puede afectar su integridad física y emocional.

Como referencia, el proyecto cita legislación comparada en Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Reino Unido, Austria y Dinamarca, donde se han establecido restricciones al ocultamiento del rostro en protestas para facilitar la identificación de responsables. En el caso de Canadá, se recuerda que desde 2013 existe una ley que sanciona con hasta diez años de cárcel a quienes utilicen máscaras durante disturbios.

Finalmente, el documento sostiene que la propuesta no vulnera el derecho constitucional a la protesta, pues este no es absoluto y pierde protección cuando deriva en violencia o afecta a terceros. Asegura que la iniciativa no genera gasto público, se enmarca en la Política de Seguridad Ciudadana y retoma ideas de proyectos presentados en 2018, que no prosperaron. Según Medina, el objetivo es dotar al Estado de herramientas legales para identificar responsables y prevenir delitos durante movilizaciones.