La reciente crisis del gas natural provocada por la ruptura de uno de los ductos del sistema de Proyecto Camisea ha reavivado el debate sobre la seguridad energética del país.

Según especialistas citados en distintos análisis del sector, la interrupción del suministro podría generar pérdidas cercanas a los 200 millones de dólares diarios si no se aplican medidas de racionamiento, lo que en dos semanas equivaldría a unos 2,800 millones de dólares.

De acuerdo con estas estimaciones, el impacto económico de la paralización superaría incluso el costo que habría significado construir un ducto paralelo de aproximadamente 100 kilómetros para el transporte de gas y líquidos, infraestructura que se calcula habría requerido una inversión menor a 2,000 millones de dólares. Analistas señalan que una obra de ese tipo habría permitido contar con un sistema de respaldo frente a eventuales fallas.

Diversos especialistas también han cuestionado el modelo energético vigente y el papel que desempeñan los gremios del sector. En particular, se ha señalado a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía por su influencia en el debate sobre la política energética, especialmente en temas como la llamada Tarifa Única Nacional de gas natural, propuesta que buscaba nivelar los precios del combustible entre Lima y las regiones.

Actualmente, el gas natural tiene un costo menor en la capital debido a la existencia de ductos, mientras que en varias regiones del país se transporta mediante camiones cisterna, lo que eleva su precio. Según los críticos del sistema, esta situación ha limitado la expansión del gas natural vehicular fuera de Lima y ha mantenido a muchas ciudades dependientes de combustibles más caros.

La crisis también ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema energético nacional. Expertos advierten que depender de un solo ducto para el abastecimiento de gas genera un alto riesgo, ya que cualquier falla técnica puede provocar efectos en cadena sobre el transporte, la industria y el costo de vida. Ante este escenario, plantean la necesidad de evaluar nuevas inversiones en infraestructura y mecanismos que garanticen mayor seguridad y continuidad en el suministro energético del país.