Dos resoluciones emitidas por el Poder Judicial han expuesto serias observaciones a la actuación de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en los procesos contra la exfiscal Patricia Benavides y el exministro del Interior Juan José Santiváñez.

Los documentos, obtenidos por el programa ‘ContraCorriente’, evidencian posibles transgresiones al debido proceso y han generado preocupación sobre la legalidad de las decisiones adoptadas por Espinoza.

En el caso de Benavides, el juez Saúl Peña Farfán ordenó anular todo lo actuado por Espinoza al considerar que la investigación preparatoria por presunto tráfico de influencias fue iniciada sin la autorización formal del entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, como exige la norma. En paralelo, el juez supremo Juan Carlos Checkley concluyó que no debió mantenerse en reserva la investigación contra Santiváñez, lo que refuerza la tesis de irregularidades procesales en ambos casos.

Pese a estos pronunciamientos judiciales, Espinoza ha continuado en su postura, incluso contradiciéndose públicamente sobre aspectos clave de los procesos. Según analistas, su proceder parece estar atravesado por motivaciones políticas, lo que debilita aún más su legitimidad frente a la opinión pública y al interior del propio Ministerio Público.

El enfrentamiento entre Espinoza y Benavides ha polarizado a la Junta de Fiscales Supremos. Para algunos expertos, la salida institucional pasa por reconocer la restitución de fiscales como Tomás Gálvez y la propia Benavides, a fin de restablecer el equilibrio en el órgano de gobierno de la Fiscalía y propiciar una solución dialogada a una crisis que sigue escalando.