El Estado peruano tendrá que pagar una compensación de aproximadamente US$302 millones a la empresa española Enagás, tras un nuevo fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo adscrito al Banco Mundial.

La decisión eleva en US$104 millones la cifra establecida en un laudo anterior, emitido en diciembre de 2023, relacionado con la cancelación del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) en 2017.

El tribunal arbitral resolvió favorablemente una solicitud de rectificación presentada por Enagás, que consideró que ciertos aspectos no fueron adecuadamente valorados en el fallo inicial. Uno de los puntos aceptados se refería a un reclamo por US$94 millones, lo que, sumado a intereses, llevó a la nueva cifra total de la indemnización. El resultado fue comunicado por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España y tendrá impacto contable en los estados financieros del primer semestre de 2025.

La controversia se originó cuando el gobierno peruano rescindió unilateralmente el contrato del GSP en enero de 2017, en el contexto del escándalo internacional de corrupción vinculado a la constructora Odebrecht, que formaba parte del consorcio junto a Graña y Montero y Enagás. Aunque la medida respondió a presiones públicas y legales, la española Enagás alegó que fue afectada de forma injustificada y sin compensación por no haber estado involucrada en actos ilícitos.

Ante la falta de acuerdo directo con el Estado peruano, Enagás recurrió al arbitraje internacional en 2018. El fallo inicial del Ciadi determinó que Perú debía pagar US$194 millones por los daños causados, incluidos dividendos retenidos. Con esta última decisión, el proceso arbitral, que se ha extendido por más de seis años, alcanza un nuevo punto decisivo.

A pesar del fallo favorable, la empresa ha reiterado su disposición a llegar a un entendimiento fuera de los tribunales. “La compañía mantiene su voluntad de alcanzar en cualquier momento un acuerdo amistoso que permita la ejecución del laudo de la manera más conveniente para ambas partes”, indicó Enagás. Además, la firma conserva aproximadamente US$65 millones en entidades financieras peruanas, producto de una carta fianza entregada durante la ejecución del contrato.

El caso sigue siendo observado de cerca por las autoridades peruanas y el sector empresarial, ya que involucra uno de los proyectos energéticos más ambiciosos de los últimos años, estimado en US$7,000 millones. La resolución del conflicto marcará no solo un hito financiero, sino también un precedente sobre cómo se manejan los compromisos contractuales del Estado con inversionistas internacionales.