La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó por mayoría el trámite de una denuncia constitucional contra el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde por presuntos delitos penales, aunque desestimó los cargos por infracción a la Constitución. El informe, respaldado por la presidenta del grupo, María Acuña, se centrará en investigar supuestos actos de obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho pasivo específico.

 

Según los congresistas de Renovación Popular que impulsaron la denuncia, Sánchez habría intervenido en una diligencia fiscal en julio de 2018 al suspender una incautación en la sede de IDL-Reporteros tras una llamada del periodista Gustavo Gorriti. Además, se le atribuye haber removido del caso a la fiscal Nora Córdova, en un acto que, según el informe, comprometió la autonomía del fiscal a cargo de la operación.

 

El documento también señala que, en 2024, Sánchez habría negociado su voto a favor de Delia Espinoza en su proceso de designación como fiscal de la Nación a cambio de que esta archivara una investigación penal en su contra. El archivo de ese expediente se concretó en enero de 2025, lo que reforzaría la tesis del presunto cohecho.

 

Para los parlamentarios denunciantes, este patrón de conducta evidenciaría una intención de manipular procesos judiciales en beneficio propio o de terceros, comprometiendo gravemente la independencia del Ministerio Público. Por ello, proponen que se levante el fuero al fiscal supremo para que el Ministerio Público pueda investigarlo sin restricciones.

 

El informe ahora deberá pasar por la Comisión Permanente del Congreso, y si es aprobado en esa instancia, será el Pleno quien decidirá si da luz verde a la acusación formal contra Sánchez.