La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), encabezada por el alcalde Rafael López Aliaga, difundió un documento en el que exige al Gobierno la aplicación de 10 medidas urgentes para frenar la ola de inseguridad que atraviesa el país. El pronunciamiento, titulado “El Perú se desangra”, plantea propuestas que abarcan el ámbito judicial, policial y hasta diplomático.

Entre las medidas destacan la implementación de juicios sumarios para delincuentes capturados en flagrancia, con el fin de evitar que recuperen la libertad en plazos breves. También se solicita el retiro del embajador cubano Carlos Rafael Zamora Rodríguez, a quien un grupo de marinos en retiro acusa de tener vínculos con actividades de agitación política.

En el plano operativo, la MML propone la repotenciación de la Policía Nacional con chalecos antibalas y mejor armamento, además de la asignación de motocicletas y un mayor número de efectivos capacitados para responder de forma rápida a los actos delictivos. Asimismo, se pide masificar el sistema de denuncias telefónicas contra la extorsión y destinar más recursos a inteligencia policial, ante el incremento de este delito en la capital.

El pronunciamiento también plantea medidas penitenciarias, como la habilitación del penal de Ica —actualmente inconcluso— para reducir el hacinamiento carcelario, así como la ampliación de la cárcel de Challapalca. En paralelo, se propone enviar a 20 criminales de alto riesgo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador mientras se construye una prisión de máxima seguridad en el país.

Finalmente, la MML impulsa el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la promulgación de una Ley de Terrorismo Urbano que permita sancionar con mayor severidad a las organizaciones criminales. Estas exigencias, según la comuna, responden a la necesidad de actuar con contundencia ante una criminalidad que sigue ganando espacio en las calles.