El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, presentó una ampliación de denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto Salinas, por el presunto delito de colusión agravada en el marco de la contratación del servicio de transporte de material electoral durante las elecciones generales 2026. El documento fue ingresado ante el despacho del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, solicitando además la intervención inmediata del Ministerio Público.

Según el escrito, registrado el 14 de abril, la ampliación se sustenta en nuevos hallazgos relacionados con la presunta comisión del delito, vinculados al contrato suscrito entre la ONPE y la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C. por un monto de 6 millones de soles. López Aliaga sostiene que este proceso habría presentado irregularidades desde su adjudicación hasta su ejecución.

Entre los principales cuestionamientos, se indica que la empresa obtuvo la buena pro pese a haber presentado la oferta económica más alta frente a otros postores. Asimismo, se señala que los términos de referencia exigían que el proveedor contara con al menos 40 vehículos propios y pólizas de seguro por montos millonarios, condiciones que —según la denuncia— no se habrían cumplido de manera adecuada.

El documento también menciona que el contrato fue elaborado y suscrito por funcionarios de la ONPE, entre ellos José Luis Samamé Blas, actualmente detenido, y Juan Antonio Phang Sánchez, bajo el conocimiento directo del jefe del organismo electoral. Además, se advierte que, pese a alertas previas de la Contraloría General de la República sobre deficiencias en la flota vehicular y posibles subcontrataciones irregulares, no se adoptaron medidas correctivas.

Como consecuencia de estas presuntas fallas, la denuncia sostiene que se produjo un colapso en la distribución del material electoral el día de los comicios, generando retrasos de hasta dos horas en la apertura de centros de votación y afectando a un porcentaje de locales a nivel nacional. También se reportaron situaciones en las que miembros de mesa tuvieron que recurrir a registros manuales ante problemas con el sistema.

Desde el punto de vista legal, la ampliación de denuncia invoca el artículo 384 del Código Penal, que tipifica el delito de colusión agravada cuando se produce un perjuicio patrimonial al Estado. El documento cita además jurisprudencia de la Corte Suprema que establece los elementos de este delito, como la intervención de funcionarios en procesos de contratación pública y la existencia de una concertación en detrimento de los intereses estatales.

Finalmente, López Aliaga solicitó al Ministerio Público ordenar diligencias urgentes, como allanamientos e incautaciones de equipos y documentación vinculada al caso, ante el riesgo de pérdida de pruebas. Asimismo, pidió la detención inmediata de Corvetto Salinas, argumentando la gravedad de los hechos y el contexto en el que aún se desarrolla el proceso electoral.