El Instituto de Defensa Legal (IDL) enfrenta un proceso sancionador tras confirmarse que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) abrió una investigación sobre el manejo de recursos que la ONG recibe del extranjero. La acción se dio en respuesta a un pedido del Congreso, específicamente del parlamentario Alejandro Aguinaga, en el marco de una sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores.

La APCI informó que el procedimiento contra el IDL se enmarca en un conjunto de medidas destinadas a mejorar el control sobre las organizaciones que operan con fondos no reembolsables. Para ello, la agencia elaboró y culminó el nuevo Reglamento de la Ley N.º 32301, así como su Reglamento de Infracciones y Sanciones y su Reglamento de Organización y Funciones, con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según se ha precisado, la iniciativa busca asegurar transparencia y trazabilidad en el uso de los recursos de cooperación internacional, en momentos en que varias ONG son objeto de cuestionamientos por la forma en que gestionan estos fondos. El caso del IDL resulta particularmente sensible, dada su activa participación en temas del sistema de justicia y su proyección pública a nivel nacional.

La investigación se convierte en una de las primeras pruebas del nuevo marco normativo que rige a las entidades receptoras de cooperación técnica. La supervisión, antes limitada, podría abrir una nueva etapa de fiscalización sistemática, a través de un modelo más estricto y sostenido en herramientas legales recientemente aprobadas.

El expediente ya ha sido remitido al Congreso y se espera que su resolución sea publicada en el diario oficial. Este nuevo enfoque coloca a organizaciones como el IDL bajo una lupa más exigente, en un contexto donde la rendición de cuentas se vuelve prioritaria para sostener la credibilidad y legitimidad de quienes administran fondos internacionales en el país.