La fiscalía de Colombia imputó este lunes a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por seis cargos relacionados con presuntos actos de corrupción cometidos cuando se desempeñó como diputado del departamento del Atlántico entre los años 2020 y 2023. La diligencia se llevó a cabo de manera virtual y estuvo centrada en la participación de Petro en la firma de un contrato regional que, según el Ministerio Público, habría sido utilizado de forma irregular.

De acuerdo con la acusación, el contrato tenía como objetivo destinar recursos estatales para la atención de adultos mayores y niños con discapacidad. Sin embargo, la fiscalía sostiene que parte de los fondos asignados habría sido desviada hacia otros fines, lo que derivó en la imputación de delitos como peculado y falsificación de documentos. El ente investigador argumentó que existen evidencias para sustentar que Petro intervino en el proceso administrativo que permitió el presunto uso indebido del presupuesto.

La audiencia virtual incluyó detalles sobre la manera en que se habrían manipulado documentos para justificar la ejecución del contrato. Según la investigación, los registros administrativos utilizados para sustentar el gasto público presentaban inconsistencias que, para la fiscalía, no pueden ser atribuidas a errores formales, sino a una acción deliberada para ocultar el desvío de recursos. La defensa, por su parte, señaló que aún no ha revisado la totalidad de los expedientes presentados.

Este nuevo caso se suma al proceso judicial que Nicolás Petro enfrenta desde 2023 por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La fiscalía sostiene que habría recibido recursos provenientes de Samuel Santander Lopesierra, exnarcotraficante condenado en Estados Unidos, durante la campaña presidencial de Gustavo Petro. Ese proceso motivó en su momento su breve detención preventiva.

Luego de ser liberado bajo condiciones restrictivas, Nicolás Petro perdió su escaño como diputado regional, lo que significó su salida de la vida política activa. Desde entonces, ha estado acudiendo a diferentes diligencias judiciales vinculadas a los dos procesos abiertos en su contra, mientras su defensa intenta desacreditar las pruebas presentadas por la fiscalía.

La defensa del implicado ha cuestionado la validez de la declaración que dio inicio al caso por lavado de activos, señalando que fue obtenida bajo presión. La declaración a la que se refieren fue realizada por la exesposa de Petro, quien aseguró que él habría recibido grandes sumas de dinero en efectivo y que ese dinero no fue reportado. El propio Nicolás Petro reconoció haber recibido dichos recursos, pero insistió en que no fueron utilizados para la campaña presidencial.

Hasta el momento, la fiscalía no ha definido la fecha de la próxima audiencia del nuevo proceso por corrupción. La situación judicial de Nicolás Petro continúa en desarrollo y será objeto de seguimiento estrecho en los próximos días, debido a su impacto político y a su vínculo directo con el actual presidente de Colombia.