En pleno tráfico matinal de la av. Javier Prado, agentes de la División Policial Sur Uno ejecutaron un operativo que terminó con la captura de dos hermanos acusados de extorsionar sistemáticamente a colectiveros informales que operaban entre San Isidro y Magdalena. Hernán y Jesús González Salas fueron intervenidos en el cruce con la Vía Expresa, tras haber vuelto a exigir pagos ilegales a los conductores durante la hora punta.

Según la Policía, los detenidos cobraban cinco soles por cada salida y cien soles semanales durante los fines de semana, amenazando a los choferes con un revólver y una granada de guerra tipo piña. Para camuflarse, se hacían pasar por “jaladores” y “llenadores” del paradero, lo que les permitía vigilar el movimiento, identificar a los conductores habituales y consolidar el control de la zona. La modalidad era sostenida: utilizaban un grupo de WhatsApp para registrar quién pagaba, quién debía hacerlo y para enviar amenazas directas de muerte.

Durante la intervención, la PNP incautó un revólver Smith & Wesson abastecido, la granada encontrada en un morral, dinero en efectivo, varios celulares y una motocicleta lineal con la que se desplazaban entre los paraderos. La Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) aseguró de inmediato el artefacto explosivo. La Policía confirmó que los implicados no eran improvisados: Hernán González había salido recientemente del penal de Lurigancho tras cumplir seis años por robo agravado, mientras que su hermano Jesús acumulaba antecedentes y denuncias por delitos similares.

Los agentes indicaron que la banda ejercía presión en horarios clave —al amanecer y al final de la tarde— para asegurar el flujo constante de dinero. Los extorsionadores actuaban con tal naturalidad que muchos colectiveros consideraban ya “costumbre” el pago de los cinco soles diarios. El coronel Daniel Jares Reyme informó que el seguimiento fue parte de la estrategia “50-50”, que combina presencia policial y agentes encubiertos. El operativo se ejecutó después de semanas de verificar el uso real de armas en los cobros y de recolectar evidencia que comprometiera a los hermanos.

La situación refleja un escenario más amplio: entre enero y septiembre de 2025 se registraron más de 20 mil denuncias de extorsión a nivel nacional, superando ampliamente las cifras del año anterior. Para la PNP, el caso de los González Salas es un ejemplo de cómo mafias locales se han expandido en corredores informales aprovechando la falta de control estatal. Las autoridades no descartan que existan más involucrados ni que una organización criminal de mayor alcance esté detrás de estas operaciones.

Hernán y Jesús González Salas fueron trasladados a la comisaría de San Isidro y posteriormente serán puestos a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación legal. Mientras se revisan los celulares, tarjetas y otros objetos incautados, la Policía mantiene activa la investigación para determinar la posible existencia de estructuras superiores dedicadas al cobro de cupos en Javier Prado y otras rutas de Lima.