El Ministerio Público ha formalizado una investigación preliminar contra la periodista Mónica Delta, el equipo del programa Punto Final y la empresa Latina Televisión, tras una denuncia presentada por Juan José Santiváñez, actual jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial.

La acusación se basa en un presunto reglaje, es decir, un seguimiento no autorizado que habría incluido grabaciones de su vivienda, sus vehículos y la difusión de este material en un reportaje emitido el 29 de junio.

Santiváñez sostiene que el reportaje, titulado “Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio”, vulneró su privacidad y expuso detalles sensibles de su vida cotidiana, lo cual —según afirmó— puso en riesgo a su familia. En el marco de la investigación, la Fiscalía evalúa si los hechos configuran el delito tipificado en el artículo 317-A del Código Penal, que contempla penas de hasta seis años de prisión efectiva por este tipo de conductas.

En su denuncia, el exministro del Interior atribuyó responsabilidad directa a Mónica Delta como conductora del espacio, acusándola de no ejercer el control editorial necesario para evitar los excesos del equipo periodístico. Además, cuestionó el uso del argumento de la libertad de información como justificación para lo que calificó como una intromisión a su vida privada.

Santiváñez ha señalado públicamente que está dispuesto a retirar la denuncia penal si se ofrece una disculpa pública por parte del programa. “Si Punto Final se disculpa este domingo, el lunes me apersonaré a retirar la denuncia”, indicó a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

Mientras tanto, la Fiscalía continuará con las diligencias necesarias para determinar si corresponde imputar responsabilidad penal a los periodistas involucrados, en un caso que vuelve a poner en debate los límites entre el derecho a la información y el respeto a la intimidad de los funcionarios públicos.