La Contraloría General de la República del Perú advirtió deficiencias en la sustentación técnica del proyecto de ley presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú para ampliar el presupuesto público de 2026 en hasta S/ 9.596 millones.

El organismo de control señaló que, si bien la iniciativa explica el origen de los recursos y su destino, no desarrolla de manera suficiente el impacto que este mayor gasto tendría sobre las finanzas públicas ni cómo se enfrentarán los riesgos fiscales previamente identificados por el propio ministerio.

La observación fue formulada luego de que la Comisión de Presupuesto del Congreso aprobara el proyecto de crédito suplementario, que ahora deberá ser evaluado por la Comisión Permanente. Según el informe de orientación de oficio de la Contraloría, el MEF no justificó técnicamente la incidencia del financiamiento propuesto sobre la sostenibilidad fiscal ni su relación con los riesgos macrofiscales expuestos en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029.

El organismo recordó que ese documento del MEF reconocía un deterioro de las finanzas públicas y advertía mayores riesgos fiscales. Sin embargo, sostuvo que dicho diagnóstico no fue incorporado expresamente en la exposición de motivos del proyecto de ley, por lo que no se explica cómo el nuevo paquete de financiamiento se ajusta a ese escenario ni qué medidas se prevén para mitigar sus posibles efectos.

La iniciativa contempla destinar S/ 4.160 millones mediante créditos suplementarios financiados con recursos del Tesoro y otras fuentes, así como S/ 5.436 millones provenientes de recursos determinados, como el canon. Entre los gastos previstos figuran bonificaciones extraordinarias e incrementos remunerativos en el sector Educación, sostenibilidad de plazas, acciones pedagógicas, proyectos de inversión de gobiernos regionales y locales, además de recursos para atender riesgos asociados al Fenómeno El Niño.

Frente a estas observaciones, la Contraloría concluyó que existe una situación adversa que podría impedir una evaluación integral de los efectos fiscales del proyecto durante su trámite legislativo. Por ello, recomendó al Ministerio de Economía y Finanzas adoptar medidas preventivas y correctivas para reforzar la sustentación técnica de la propuesta y remitir, en un plazo máximo de cinco días hábiles, la documentación que acredite las acciones adoptadas.