El Congreso de la República del Perú programó para el 12 de marzo el debate en el Pleno del informe final que recomienda inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza. Se trata del segundo pedido de sanción de este tipo que afronta la exmagistrada en el Parlamento, tras la decisión adoptada por el Consejo Directivo de priorizar el tema en la agenda legislativa.

La propuesta se basa en las denuncias constitucionales acumuladas 563 y 618, cuyo informe fue aprobado previamente por la Comisión Permanente con 16 votos a favor y 4 en contra. El documento fue impulsado por los congresistas Yorel Kira Alcarraz Agüero y José Cueto, quienes sostienen que durante su gestión como fiscal de la Nación Espinoza habría incurrido en presuntas infracciones a la Constitución y en delitos como abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones.

De acuerdo con los promotores de la acusación, la exfiscal habría vulnerado los artículos 45, 93 y 139 de la Constitución Política del Perú. El caso se origina en la presentación de la denuncia constitucional 549, mediante la cual Espinoza acusó a once parlamentarios por su voto a favor del Proyecto de Ley 319/2021-CR, iniciativa relacionada con la contratación de pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Durante la sustentación del informe ante la Comisión Permanente, el congresista Jorge Montoya, vicepresidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, señaló que la actuación de la entonces fiscal de la Nación habría afectado la inviolabilidad del voto parlamentario, principio consagrado en el artículo 93 de la Carta Magna. Según argumentó, sancionar a legisladores por el sentido de su voto podría sentar un precedente que afecte el ejercicio de la función parlamentaria.

Entre los legisladores comprendidos en la denuncia presentada por Espinoza figuran José Williams Zapata, Alfredo Azurín, Roberto Chiabra, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Edwin Martínez y Lucinda Vásquez, entre otros parlamentarios que respaldaron el dictamen del mencionado proyecto de ley.

Por su parte, la defensa de la exfiscal, a cargo del abogado Rodolfo Pérez, sostuvo que la actuación del Ministerio Público responde al mandato constitucional de perseguir el delito cuando existan indicios razonables. Con el debate programado para el 12 de marzo, el Pleno del Congreso deberá decidir si aprueba o no la recomendación de inhabilitación por diez años contra Espinoza.