Una investigación periodística puso bajo cuestionamiento a Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, tras revelar que durante actividades de campaña se movilizó en camionetas registradas a nombre de personas vinculadas a investigaciones y antecedentes relacionados con delitos graves. El informe identificó vehículos pertenecientes a un hombre intervenido por transporte de droga y a un empresario investigado por presunto tráfico de tierras.

De acuerdo con la publicación de El Comercio, uno de los casos ocurrió el 28 de mayo en Huánuco, cuando Sánchez fue captado junto a sus candidatas a las vicepresidencias, Analí Márquez y Brígida Curo, desplazándose en una camioneta Toyota Hilux de placa BSJ-701. La unidad figura registrada a nombre de Miller Kelvin Claudio Martel.

Según registros policiales y reportes periodísticos citados en la investigación, Claudio Martel fue intervenido en 2010 cuando transportaba aproximadamente 14 kilos de pasta básica de cocaína ocultos entre cajas y frazadas durante un viaje desde Pucallpa hacia Lima. Consultado sobre el hecho, el propietario reconoció el episodio y confirmó que facilitó la camioneta utilizada en la actividad política realizada en Huánuco.

La investigación también reconstruyó una actividad desarrollada el 25 de enero en Piura, donde el candidato presidencial se movilizó en otra camioneta Toyota Hilux, de placa P4R-757. El vehículo aparece registrado a nombre de una empresa inmobiliaria cuyo propietario es José Práxedes Feria Madrid, identificado por el Ministerio Público como presunto líder de una organización criminal vinculada al tráfico de tierras y la falsificación documentaria.

El reportaje señala además que Feria Madrid registra una sentencia firme por delito doloso y afronta procesos judiciales por presuntos delitos como colusión agravada y asociación ilícita. Asimismo, se indicó que el empresario participó como candidato al Senado por Juntos por el Perú durante el actual proceso electoral.

Otro de los aspectos observados por la investigación fue que el uso de ambas unidades, consideradas aportes en especie para una campaña electoral, no aparecería consignado en los reportes de ingresos y gastos presentados por la agrupación política ante la ONPE durante la primera vuelta. Según el informe, tampoco se encontraron registros de alquiler vinculados a las placas identificadas. Hasta el cierre de la investigación, ni el partido ni sus representantes habían ofrecido una respuesta pública sobre los vehículos utilizados durante las actividades proselitistas.