El exalcalde de Wuhan, Zhou Xianwang, fue condenado a 14 años de prisión por un tribunal chino tras ser hallado culpable de aceptar sobornos durante su trayectoria como funcionario público. La sentencia también establece el pago de una multa de 5 millones de yuanes, equivalentes a unos 747.144 dólares, según informó la agencia estatal Xinhua. Zhou estuvo al frente de Wuhan durante el inicio del primer brote conocido de COVID-19, a finales de 2019.

De acuerdo con el fallo del Tribunal Popular Intermedio de Shangqiu, en la provincia de Henan, el exfuncionario recibió dinero y bienes por un valor total de 60,5 millones de yuanes, aproximadamente 9,04 millones de dólares. Entre 2003 y 2025, aprovechó los distintos cargos que ocupó en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, para favorecer a empresas y particulares en la contratación de proyectos, la gestión empresarial y la aprobación de trámites administrativos.

El tribunal explicó que la pena fue atenuada debido a que Zhou confesó sus delitos, manifestó arrepentimiento, devolvió las ganancias ilícitas y proporcionó información sobre otros sobornos que hasta entonces eran desconocidos para los investigadores. El exalcalde había sido puesto bajo investigación en julio de 2024 por presuntas infracciones graves de la disciplina y la ley, una expresión utilizada habitualmente por las autoridades chinas en casos relacionados con corrupción.

La trayectoria de Zhou también estuvo vinculada a las decisiones adoptadas durante las primeras semanas de la pandemia. En febrero de 2020, cuando todavía ejercía como alcalde, reconoció que su administración demoró en divulgar la información disponible sobre el brote de COVID-19. Según explicó entonces, necesitaban la autorización de instancias superiores para hacer pública esa información. Pese a las críticas por la gestión inicial de la emergencia sanitaria, permaneció en el cargo hasta comienzos de 2021 y posteriormente ocupó la vicepresidencia de un órgano consultivo provincial de Hubei.

El caso se produce en el marco de la amplia campaña anticorrupción impulsada por el presidente chino, Xi Jinping, desde su llegada al poder en 2012. Esta iniciativa ha alcanzado a funcionarios de distintos niveles y directivos de empresas estatales, y se ha convertido en una de las principales políticas de su gobierno. No obstante, algunos observadores sostienen que la campaña también podría haber sido utilizada para neutralizar a determinados rivales políticos.