El Ministerio de Educación (Minedu) publicó la resolución que restringe el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar en instituciones educativas públicas y privadas de todo el país. La medida busca fortalecer la convivencia escolar y establecer reglas claras para el comportamiento de los estudiantes dentro de las aulas.

La normativa contempla que el uso indebido de celulares y otros dispositivos electrónicos, así como acumular más de tres tardanzas injustificadas en un bimestre, sean consideradas faltas graves. Estas disposiciones forman parte de los nuevos lineamientos de gestión de la disciplina escolar, que establecen criterios para prevenir conductas perjudiciales y garantizar un ambiente educativo seguro y respetuoso.

Entre las otras faltas graves figuran los daños a la propiedad escolar, las agresiones físicas leves sin lesiones, las agresiones psicológicas, la reincidencia en tres o más faltas leves durante el año y la posesión o consumo de sustancias prohibidas. También se incluyen la adulteración de justificativos, las conductas que vulneren la intimidad o dignidad de los estudiantes y los retos que promuevan comportamientos peligrosos o humillantes.

Los lineamientos clasifican las infracciones en leves, graves y muy graves. En esta última categoría se encuentran el acoso escolar, la violencia sexual, la extorsión, la discriminación, el robo, la posesión de armas, la falsificación de documentos oficiales y la difusión de información privada. Las medidas correctivas y sanciones dependerán de la gravedad de los hechos y podrán incluir amonestaciones, reparación del daño, suspensión de hasta tres días hábiles, matrícula condicional y, en los casos más graves, separación definitiva de la institución educativa.

Asimismo, la norma establece procedimientos de actuación para los colegios, que deberán intervenir ante las faltas, registrar lo ocurrido y comunicar al director los casos graves o muy graves en un plazo máximo de 24 horas. También se informará a las familias y se aplicarán medidas proporcionales, considerando la edad del estudiante, sus antecedentes y las circunstancias de cada caso. Cuando los hechos constituyan una posible infracción penal, deberán comunicarse a la Policía o al Ministerio Público.