La delincuencia sigue afectando gravemente al pequeño comercio en el Perú. Según la Asociación Gremial de Mujeres Bodegueras del Perú (AGREMUB), las pérdidas por inseguridad superan los S/ 6,000 millones y al menos 2,600 bodegas cerraron entre enero y agosto de este año.

Su presidenta, Carla Campos, advirtió que las medidas del Gobierno, como los estados de emergencia o las restricciones a motocicletas, no generan confianza entre las emprendedoras, quienes sienten que están desprotegidas frente al crimen.

Campos explicó que las bodegas, esenciales para las comunidades locales, se han convertido en blanco constante de robos y extorsiones. “El bodeguero es el que recibe a todos los vecinos, pero ahora se ve obligado a cerrar por miedo”, afirmó en entrevista con RPP. La pérdida de estos negocios no solo representa un golpe económico, sino también una ruptura en la vida barrial, donde muchas familias dependen de estos establecimientos.

La representante gremial destacó que el 70% de las bodegas del país están administradas por mujeres, lo que las vuelve particularmente vulnerables ante la delincuencia. “Estamos más al acecho porque trabajamos en los barrios y tenemos menos apoyo del Estado”, dijo. A ello se suma el incremento de los costos operativos, que obliga a muchas emprendedoras a gastar en cámaras de seguridad o vigilancia privada. “Este negocio ya no es rentable, ya no resulta beneficioso”, lamentó.

Respecto a las acciones gubernamentales, Campos cuestionó la falta de resultados y de planificación. Señaló que las estrategias de emergencia repiten fórmulas fallidas y que los anuncios no se traducen en soluciones reales. “Viendo que se repite el mismo patrón, no tenemos esperanza de que eso funcione”, expresó, recordando que medidas como el uso de chalecos para motorizados tampoco tuvieron efecto.

AGREMUB ha solicitado apoyo a las municipalidades y al Ministerio del Interior, sin recibir respuestas concretas. Ante esta situación, las bodegueras han tomado la seguridad por cuenta propia y exigen un patrullaje más constante de la Policía y el serenazgo. “Pedimos rondas más frecuentes para sentir al menos un respaldo”, insistió Campos. Mientras tanto, la cifra de 2,600 cierres por inseguridad continúa reflejando la gravedad de una crisis que golpea al corazón del comercio popular.