Diversas organizaciones de defensa del consumidor solicitaron al Indecopi investigar y sancionar a Transportadora de Gas del Perú (TGP) por la interrupción del suministro de gas natural que afectó a hogares, transportistas y empresas en distintas zonas del país. La denuncia también alcanza a la Compañía Operadora de Gas Amazonas (COGA), firma encargada de gestionar las operaciones de la transportadora.

La acción fue presentada por la Asociación Peruana de Protección y Defensa de Consumidores y Usuarios (Proconsumo), la Asociación de Consumidores Inmobiliarios del Perú (ADCIP) y el Centro de Protección al Ciudadano Equidad ante la Comisión de Protección al Consumidor del organismo regulador. Las asociaciones solicitaron que se determine la responsabilidad de las empresas involucradas por las consecuencias generadas tras la caída del abastecimiento energético.

Según el documento presentado, imágenes aéreas difundidas públicamente indicarían que el siniestro registrado en los ductos de gas se habría originado por acciones del propio personal de la empresa operadora. La denuncia señala que el suministro de gas natural se redujo drásticamente de cerca de 800 millones de pies cúbicos diarios a apenas 70 millones, equivalente a solo el 9% de la capacidad habitual del sistema.

Uno de los sectores más afectados fue el de los usuarios domésticos de gas natural, principalmente clientes de la empresa Cálidda en Lima y Callao. Las asociaciones denunciantes indicaron que muchos hogares experimentaron interrupciones del servicio contratado, mientras debieron recurrir a balones de gas licuado de petróleo (GLP), cuyo precio es considerablemente mayor.

El impacto también alcanzó al transporte que utiliza gas natural vehicular (GNV). La escasez del combustible obligó a miles de conductores, incluidos taxistas y transportistas, a utilizar gasolina o diésel, combustibles que pueden costar hasta tres veces más. Según datos de Infogas, desde el 2005 se han convertido alrededor de 550 mil vehículos a gas natural en el país, lo que amplificó los efectos de la interrupción.

Las asociaciones también advirtieron perjuicios para cerca de mil pequeñas y medianas empresas que utilizan gas natural como parte de su matriz energética, así como posibles efectos en los precios de alimentos, servicios y tarifas eléctricas. En ese contexto, solicitaron que Indecopi imponga a TGP una sanción considerada muy grave, que podría alcanzar hasta 450 UIT —equivalentes a S/ 2,317,500— conforme a lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor del Perú.